Fentanilo contaminado: la fiscalía pidió rechazar las nulidades y seguir la investigación

María Laura Roteta defendió la validez de los análisis cuestionados por la defensa de Ariel García Furfaro. El expediente investiga un brote asociado a 90 muertes y responsabilidades en los controles sanitarios.

La fiscal federal María Laura Roteta pidió rechazar los planteos de nulidad de la defensa de Ariel García Furfaro y continuar la investigación por el fentanilo contaminado asociado a 90 muertes. El dictamen, conocido este jueves, defiende la validez de los estudios utilizados para identificar las bacterias presentes en las ampollas y su relación con las infecciones detectadas en pacientes. La decisión sobre esos pedidos corresponde al juez federal Ernesto Kreplak: la posición de la fiscalía no es un fallo definitivo.

La discusión tiene consecuencias para el avance de una causa que no se limita a las responsabilidades de los laboratorios. También alcanza la actuación de los organismos públicos encargados de controlar la fabricación y circulación de medicamentos. El expediente tiene quince procesados, entre ellos responsables de las empresas investigadas y dos exfuncionarias del sistema nacional de control sanitario.

Por qué la defensa cuestionó los análisis

El abogado Gastón Marano solicitó anular los ensayos de esterilidad realizados sobre ampollas de los lotes 31.201, 31.202, 31.244 y 31.245 de fentanilo HLB. Su argumento fue que debían tratarse como pericias judiciales y que las defensas debieron ser notificadas previamente para controlar su realización y proponer especialistas propios. De manera subsidiaria, pidió repetir los estudios.

Roteta respondió que los análisis se hicieron en ejercicio de las funciones de fiscalización sanitaria del INAME y de la ANMAT, y no por una orden pericial del juzgado. Por eso consideró que no correspondía exigirles las mismas formalidades de una pericia judicial. También sostuvo que las defensas tuvieron acceso a los informes y que no demostraron cómo las irregularidades invocadas habrían modificado los resultados.

Otro punto de controversia fue la intervención del laboratorio Gobbi Novag. La defensa cuestionó su imparcialidad; la fiscalía destacó que los resultados fueron respaldados por estudios independientes y por la secuenciación genómica del Instituto Malbrán. Es una diferencia entre las posiciones de las partes que deberá resolver la Justicia, no una controversia ya saldada por una condena.

Una causa sobre producción y controles del Estado

La investigación comenzó en mayo de 2025, después de que el Hospital Italiano de La Plata detectara un brote de infecciones y un funcionario de la ANMAT denunciara el caso. Los estudios vincularon bacterias halladas en pacientes con las identificadas en ampollas del medicamento producido por Laboratorios Ramallo y comercializado por HLB Pharma.

La revisión de los controles cobró una dimensión propia: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas intervino en el análisis de la actuación estatal y la pesquisa avanzó sobre quienes habían dirigido la ANMAT y el INAME. Ese antecedente explica el alcance institucional del expediente. Además de establecer responsabilidades empresariales, se investiga si hubo omisiones o conductas irregulares de quienes debían impedir que un producto contaminado llegara a los centros de salud.

Para las familias de las víctimas, la continuidad del proceso es central para obtener respuestas. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata tiene pendiente resolver recursos contra los primeros procesamientos. El dictamen de Roteta busca preservar las pruebas y sostener la instrucción, pero no fija una fecha de juicio ni determina culpabilidades definitivas. Quedan por delante decisiones del juzgado y de la Cámara antes de que pueda definirse la siguiente etapa.