El voto argentino contra el respaldo a la Corte Penal Internacional abrió una disputa diplomática

El rechazo a una resolución de la ONU que condena las amenazas contra el tribunal generó críticas de Jorge Taiana. La iniciativa reunió 93 apoyos y 13 votos negativos.

El voto argentino contra una resolución de Naciones Unidas que respalda a la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una nueva controversia sobre la política exterior del Gobierno. Las críticas del excanciller Jorge Taiana, difundidas entre el miércoles y este jueves, apuntaron a la decisión de rechazar un texto que condena las amenazas y las interferencias contra el tribunal. La iniciativa fue aprobada con 93 votos a favor, 13 en contra y 36 abstenciones.

La votación corresponde a la sesión del 2 de noviembre de la Asamblea General, no a una decisión tomada este jueves. La novedad política es el cuestionamiento público a la posición argentina, que volvió a poner bajo discusión el vínculo entre el alineamiento internacional del Ejecutivo y los compromisos del país con la justicia penal internacional.

Qué respaldaba la resolución

El documento A/81/L.11 recibe el informe de actividades de la CPI y rechaza las presiones que puedan impedir su funcionamiento independiente. No se trata de una sentencia sobre un acusado particular ni de una votación para decidir la culpabilidad de un dirigente. Su objeto es el respaldo institucional al tribunal y a las condiciones necesarias para que pueda investigar.

Durante el debate, la presidenta de la Corte, Tomoko Akane, advirtió sobre las sanciones y la intimidación contra integrantes del organismo. La discusión expuso diferencias entre los países que defienden su independencia y aquellos que cuestionan el alcance de su jurisdicción o sus decisiones. Ese conflicto ayuda a entender por qué un informe de actividades terminó convertido en una señal diplomática relevante.

El cuestionamiento de Taiana y el alcance del rechazo

Taiana sostuvo que el voto se aparta de los intereses y de la tradición diplomática argentina. También atribuyó al canciller Pablo Quirno la instrucción impartida al representante nacional ante la ONU, Fabián Tropepi. Esa atribución corresponde a la denuncia política del excanciller: no equivale a una explicación oficial de los fundamentos del voto.

La CPI, con sede en La Haya, fue creada por el Estatuto de Roma para juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, dentro de sus competencias. No debe confundirse con la Corte Internacional de Justicia, que resuelve controversias entre Estados. La Argentina es parte del Estatuto de Roma; votar contra esta resolución no significa, por sí solo, retirarse del tratado.

El impacto inmediato es institucional y diplomático, no un cambio en trámites o derechos cotidianos de la población. Lo que está en discusión es la posición que el país sostiene frente a un sistema de investigación de crímenes graves y de acceso a la justicia para sus víctimas. El punto pendiente es una explicación pública detallada de la Cancillería sobre su rechazo al texto, distinta de las interpretaciones y críticas de la oposición.