Malvinas: el Gobierno prepara su delegación para pedir en Hamburgo que se frene Sea Lion

La Argentina expondrá el 10 y 11 de noviembre ante el Tribunal del Mar. Busca medidas provisionales sobre la explotación petrolera mientras avanza el arbitraje contra el Reino Unido.

El Gobierno prepara la delegación que defenderá en Hamburgo el pedido argentino de frenar la explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, al norte de las islas Malvinas. La actualización conocida este sábado es la organización de esa representación para las audiencias del 10 y 11 de noviembre. Las fechas ya habían sido fijadas por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar el 20 de octubre: no se trata de una nueva convocatoria ni de un fallo favorable a la Argentina.

La representación oficial incluye al embajador Mario Oyarzábal, titular de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, y a la embajadora Betina Pasquali de Fonseca como coagente. La Cancillería y los equipos jurídicos trabajan sobre la composición de la comitiva que participará de las exposiciones. La decisión sobre las medidas solicitadas sigue en manos del tribunal.

Un pedido urgente dentro de un conflicto más amplio

La Argentina inició el 28 de septiembre un procedimiento arbitral contra el Reino Unido conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El 13 de octubre pidió medidas provisionales al tribunal de Hamburgo, después de que Londres rechazara los reclamos y las medidas que Buenos Aires había solicitado.

La pretensión inmediata es evitar que avance la explotación mientras se constituye el órgano arbitral que analizará el fondo de la controversia. La presentación argentina invoca la protección de los recursos naturales y el riesgo de que las actividades autorizadas por el Reino Unido agraven la disputa. Esos argumentos expresan la posición del país y todavía deben ser examinados por los jueces.

Sea Lion es un desarrollo impulsado por Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido. Las compañías prevén comenzar la producción comercial en 2028. Ese horizonte explica la importancia de la discusión cautelar: una decisión posterior al avance de las obras tendría efectos distintos de una intervención previa.

Qué puede resolver el tribunal y qué queda afuera

La instancia de noviembre no equivale a una definición general sobre la soberanía de las islas. El reclamo se presenta bajo la Convención del Mar y busca proteger derechos sobre los recursos y el ambiente marino. La competencia del órgano y las condiciones para adoptar medidas urgentes son parte de la discusión jurídica, no cuestiones que puedan darse por resueltas de antemano.

El Reino Unido rechaza la posición argentina y sostiene que el desarrollo petrolero es legal bajo las autorizaciones de las autoridades isleñas. Buenos Aires cuestiona esas decisiones unilaterales en un área sobre la que mantiene su reclamo soberano. La divergencia explica por qué el procedimiento enfrenta a dos Estados y no consiste simplemente en una autorización administrativa para las empresas.

El interés público abarca tanto los recursos no renovables del Atlántico Sur como la protección del medio marino. Para la Argentina, el expediente integra una estrategia diplomática y jurídica; para los jueces, la tarea será evaluar los requisitos del pedido concreto. La relevancia política no anticipa su resultado.

Las audiencias serán públicas y tendrán transmisión por el sitio del tribunal. El paso inmediato es terminar de organizar la delegación y exponer los argumentos. Después deberá conocerse la decisión judicial: hasta entonces no hay una suspensión internacional de Sea Lion que pueda atribuirse a este trámite.