IOSFA: el Gobierno limitó el traspaso de trabajadores a la nueva obra social militar

El DNU 1286/2026 reemplazó la transferencia total de personal por una selección según las necesidades de OSFA. Defensa asumirá las obligaciones laborales pendientes al concluir la liquidación.

El Gobierno nacional modificó este miércoles el proceso de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y estableció que no todos sus trabajadores pasarán a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). El DNU 1286/2026, publicado el 28 de octubre, dejó en manos del Directorio de OSFA la definición de los puestos necesarios y la identificación del personal que será transferido.

El cambio reemplaza el artículo 7 del Decreto 88/2026, de febrero, que había previsto la transferencia total de activos y personal. No se trata, por lo tanto, de una disolución que empieza desde cero: la novedad es la modificación de las condiciones laborales dentro de una reorganización ya dispuesta.

Qué pasa con quienes no sean incorporados

El administrador de IOSFA en liquidación deberá evaluar la situación de los empleados que no sean transferidos y adoptar las medidas correspondientes a su régimen laboral. La norma no fija una cantidad de desvinculaciones ni permite afirmar que todos los trabajadores excluidos de OSFA quedarán despedidos de inmediato.

Para el personal de planta permanente con estabilidad que continúe en disponibilidad al finalizar la liquidación, el decreto prevé que esa situación siga bajo la órbita del Ministerio de Defensa hasta su reubicación o baja, de acuerdo con las reglas aplicables. La cartera también asumirá los compromisos y obligaciones pendientes relacionados con los empleados no transferidos.

Hay una disposición específica para integrantes de Gendarmería y Prefectura que estén en comisión de servicios o adscritos a IOSFA: deberán regresar a sus organismos de origen. Los activos que queden después de la liquidación pasarán a OSFA, con las salvedades patrimoniales contempladas en el régimen previo.

La separación de las coberturas y el reclamo sindical

La reorganización de febrero creó dos entidades: OSFA, dependiente de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, bajo Seguridad Nacional. El Ejecutivo argumenta ahora que el traslado de los afiliados de Gendarmería y Prefectura a esta última redujo sustancialmente la población que atenderá OSFA y obliga a adecuar su dotación.

También invoca el límite del 8% de los recursos para gastos administrativos y de funcionamiento. El nuevo DNU incorpora para los recursos humanos de la obra social de las fuerzas de seguridad el régimen de la Ley Marco de Empleo Público Nacional 25.164.

ATE viene reclamando garantías de continuidad laboral, incluso para los empleados de hoteles y establecimientos turísticos del antiguo instituto. El sindicato advierte sobre puestos en riesgo, pero esas estimaciones no constituyen una nómina oficial de cesantías. La diferencia es relevante para trabajadores que todavía esperan conocer si serán incorporados y bajo qué condiciones.

Para los afiliados, la reorganización tiene un interés concreto: la continuidad de la atención médica durante el cambio de estructuras. El Gobierno presenta la adecuación del personal como una condición de sostenibilidad; su resultado dependerá de las decisiones operativas y de que no se interrumpan las prestaciones. El decreto no detalla una nueva cartilla ni acredita que los problemas de atención hayan quedado resueltos.

La norma rige desde su publicación y debe ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. Quedan por conocerse la dotación definitiva de OSFA, las transferencias individuales y las decisiones sobre quienes permanezcan en la estructura en liquidación.