El Gobierno informó en Diputados que redujo más de 81.000 empleos estatales desde 2023

Fariña y Cacace defendieron la reducción de la estructura nacional ante la Comisión de Presupuesto. La oposición cuestionó el impacto sobre los servicios públicos.

El Gobierno informó este martes 27 de octubre en la Cámara de Diputados que el Estado nacional tiene más de 81.000 puestos de trabajo menos que al inicio de la gestión, en diciembre de 2023. Los secretarios Maximiliano Fariña, de Transformación del Estado y Función Pública, y Alejandro Cacace, de Desregulación, defendieron los recortes durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La exposición puso el empleo público en el centro de la discusión sobre las cuentas de 2027. El Ejecutivo presentó la reducción como una transformación permanente del funcionamiento estatal; diputados opositores reclamaron evaluar también sus consecuencias sobre las prestaciones que reciben los ciudadanos.

Una reducción que continuó durante 2026

Fariña cifró la caída de la dotación en un 16%. El balance incluye personal de la administración nacional y de empresas públicas: no se trata solamente de cargos políticos ni de una nueva tanda de despidos anunciada este martes. Durante los primeros nueve meses de 2026, la disminución fue de cerca de 20.000 puestos, de acuerdo con su presentación.

El funcionario también describió el achicamiento del organigrama: los ministerios pasaron de 18 a ocho y los organismos nacionales, de 117 a 91. Las autoridades superiores se redujeron de 307 a 192. El argumento oficial es que eliminar estructuras superpuestas reduce gastos que, de otro modo, se repetirían en los ejercicios siguientes.

Entre los mecanismos utilizados mencionó los retiros voluntarios y el régimen de disponibilidad, aplicado cuando se reorganizan dependencias o se eliminan funciones. Son herramientas diferentes, por lo que el total de bajas no debe leerse como si correspondiera a una única modalidad de desvinculación.

El debate por los servicios que quedan

La discusión no se limitó a la cantidad de empleados. Victoria Tolosa Paz cuestionó que la búsqueda de eficiencia no estuviera acompañada por una evaluación suficiente de las condiciones de vida de la población. Otros planteos opositores apuntaron a las prestaciones del INTI y del INTA y a la conservación de las rutas.

Cacace defendió la revisión de regulaciones y sostuvo que su cartera prioriza a los consumidores. La diferencia quedó planteada entre el ahorro que exhibe el Ejecutivo y el reclamo de medir qué capacidad conserva el Estado para atender necesidades concretas. La reducción de una dotación, por sí sola, no permite resolver esa discusión.

Fariña adelantó, además, que se trabaja en un sistema unificado de recursos humanos y liquidación de haberes para 2027. El objetivo anunciado es ordenar mecanismos hoy fragmentados y mejorar los controles administrativos.

La reunión fue informativa: no aprobó el Presupuesto ni autorizó por sí misma nuevas bajas. El tratamiento legislativo continúa y queda pendiente que el Gobierno y los bloques discutan cómo se traducen esas decisiones en partidas, controles y servicios durante el próximo año.