Deudores alimentarios: el Senado busca unificar dos proyectos de registro nacional

Las comisiones retomarán el debate el miércoles. La discusión enfrenta dos modelos para integrar los datos provinciales y definir las consecuencias del incumplimiento.

El Senado buscará avanzar este miércoles 28 de octubre con un dictamen para crear un registro nacional de deudores alimentarios morosos. Las comisiones de Legislación General y de Población y Desarrollo Humano tienen dos iniciativas sobre la mesa y un punto pendiente: acordar cómo reunir la información de las provincias sin alterar las competencias de cada jurisdicción.

La negociación retoma el trabajo iniciado en el plenario del 21 de octubre, que terminó en cuarto intermedio. Allí se analizaron las propuestas de Daniel Pablo Bensusán, de La Pampa, y de Edith Terenzi, de Chubut. Ambos proyectos buscan centralizar datos que hoy están repartidos en registros locales, pero no ofrecen la misma respuesta sobre la participación provincial.

La diferencia está en la adhesión de las provincias

Bensusán propone incorporar la información que remitan las jurisdicciones que adhieran a la ley. Cada una conservaría los requisitos con los que inscribe a una persona por incumplir la cuota alimentaria. Su expediente, identificado como S-190/25, reproduce una iniciativa anterior: la discusión nacional no empezó esta semana y todavía no se convirtió en ley.

Terenzi plantea un registro de orden público, para evitar que la falta de adhesión de una provincia deje incompleta la base nacional. La senadora también sostiene que la centralización no debe modificar las atribuciones locales. Esa diferencia es decisiva para establecer si el futuro sistema tendrá cobertura de todo el país o dependerá de acuerdos posteriores.

También se discute qué consecuencias produciría la inscripción. La propuesta de Bensusán contempla exigencias vinculadas con trámites y autorizaciones nacionales. Terenzi concentra su planteo en reunir la información, sin sumar prohibiciones a las que ya disponen las jurisdicciones.

Una herramienta pendiente, no una sanción vigente

Para las familias que reclaman el pago de alimentos, el alcance práctico dependerá de cómo se conecten esos datos y de cuáles sean las medidas finalmente aprobadas. Un registro no reemplaza el reclamo judicial ni supone, por sí mismo, que las cuotas adeudadas se cobren. La utilidad buscada es evitar que la información quede fragmentada entre provincias.

El oficialismo pidió precisar los límites de las restricciones y su relación con las decisiones judiciales. La discusión incluye las condiciones para eventuales impedimentos de salida del país: no se trata de una prohibición automática que ya esté funcionando.

El objetivo inmediato es producir un texto común en comisión. Aun si el miércoles se firma dictamen, faltará el tratamiento legislativo correspondiente. Hasta que ese recorrido concluya, los dos proyectos siguen siendo propuestas y no crean nuevas obligaciones nacionales para los ciudadanos.