El juez ordenó nuevas pruebas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Busca aclarar tres giros por casi US$190.000 y reconstruir ingresos y gastos del dirigente.
El juez federal Ariel Lijo ordenó este viernes 16 de octubre enviar un exhorto a Suiza para que la FIFA explique el concepto de tres transferencias recibidas por Claudio Tapia entre 2018 y 2020. Los giros suman casi US$190.000 y forman parte de las nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al presidente de la AFA por presunto enriquecimiento ilícito.
La resolución responde a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita. No determina que los pagos hayan sido ilegales: busca establecer por qué se hicieron, a qué funciones correspondieron y cómo se relacionan con la evolución patrimonial bajo investigación. El envío del requerimiento tampoco significa que la documentación suiza ya esté incorporada al expediente.
Qué deberá informar la FIFA
El pedido de cooperación internacional apunta a dos acreditaciones en dólares, de diciembre de 2018 y junio de 2019, y a una tercera de marzo de 2020 que fue liquidada en pesos. La Justicia pretende conocer la causa de esos movimientos y el detalle de los honorarios, dietas, viáticos u otros pagos efectuados al dirigente desde 2016, junto con los cargos y las cuentas de destino.
El foco no está únicamente en el fútbol. La investigación patrimonial se vincula con el desempeño de Tapia como funcionario en la CEAMSE, la empresa pública encargada de la disposición de residuos del área metropolitana. Esa condición es central para el encuadre de un presunto enriquecimiento ilícito, delito referido al ejercicio de la función pública.
El expediente se inició en septiembre a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni. El paso conocido ahora convierte en medidas judiciales varios de los requerimientos que la fiscalía había formulado el 13 de octubre. Sigue siendo una pesquisa en curso y no una declaración de culpabilidad.
Tarjetas, ingresos y documentación patrimonial
A la AFA se le pidió documentación sobre tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia: autorizaciones, límites de uso y rendiciones de gastos. También deberá explicar transferencias a sus cuentas y cómo se liquidaron los $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber percibido. La existencia de un viático o de una tarjeta institucional no prueba, por sí misma, un desvío; el objetivo es reconstruir su justificación y registro.
Otro requerimiento alcanza al Sindicato de Choferes de Camiones por 37 acreditaciones que totalizan alrededor de $1,49 millones entre 2016 y 2019. Se solicitaron el legajo laboral, las funciones y los recibos correspondientes. Esos importes pertenecen a los períodos investigados y no son valores actuales de remuneración.
Lijo también levantó los secretos fiscal, bancario y bursátil de Paola Moyano, exesposa de Tapia. La fiscalía fundamentó esa diligencia en la existencia de bienes gananciales y cuentas vinculadas. La medida habilita el acceso a información protegida: no establece por sí sola una responsabilidad penal de la mujer.
La relevancia institucional reside en poder contrastar el patrimonio declarado con los ingresos efectivamente percibidos por quien ocupó cargos públicos y dirige una asociación de gran influencia nacional. El siguiente paso depende de las respuestas de organismos, bancos y entidades requeridas. Sólo ese cruce permitirá evaluar si las diferencias que motivaron la pesquisa tienen una explicación documentada o requieren nuevas medidas.
