ANDIS: ampliaron el procesamiento de Spagnuolo por las compras de insumos médicos
Publicado: 17 / 10 /2026La resolución incorpora contrataciones de prótesis y otros insumos. La estimación judicial conjunta de diferencias de precios supera los $7.833 millones y sigue siendo provisional.
El juez federal Ariel Lijo amplió este viernes 16 de octubre el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, por presuntas irregularidades en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos. La decisión extiende una investigación que ya abarcaba las compras de medicamentos del Programa Incluir Salud hacia prótesis, implantes y materiales para tratamientos de distinta complejidad.
La medida también alcanza al exfuncionario Daniel Garbellini y al empresario Miguel Ángel Calvete. Además de ampliar los procesamientos de otros dos representantes de droguerías, el magistrado procesó a otras 19 personas vinculadas con firmas proveedoras. Son decisiones de la etapa de instrucción: no equivalen a una condena ni dan por terminada la discusión sobre las responsabilidades individuales.
Dos rubros y una estimación todavía parcial
El dato económico exige distinguir conceptos. Las diferencias de precios calculadas en las operaciones de insumos examinadas ascienden a unos $1.849 millones. Al sumarlas a las detectadas previamente en medicamentos, cercanas a $5.985 millones, la afectación estimada llega a $7.833,9 millones. No se trata de dos cifras contradictorias: una corresponde al tramo de insumos y la otra al cálculo conjunto incorporado al expediente.
La cuantificación es provisoria y alcanza sólo a las contrataciones que pudieron compararse. Tampoco debe confundirse ese perjuicio estimado con el volumen total de órdenes de compra bajo examen, que supera los $82.881 millones. El monto de las operaciones investigadas no es, por sí solo, el dinero que la Justicia considera perdido.
La hipótesis de la acusación describe una selección previa de proveedores, cotizaciones coordinadas y adjudicaciones direccionadas. Los investigadores también analizan si la información sobre pagos permitió favorecer a determinadas empresas y distribuir retornos. Ese funcionamiento presunto habría abarcado desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.
De los medicamentos a las prótesis
El antecedente inmediato es el procesamiento dictado en febrero y confirmado por la Cámara Federal en septiembre, referido al circuito farmacéutico. La novedad de esta resolución es el avance sobre compras de insumos: entre los segmentos revisados aparecen traumatología, cardiología, implantes auditivos, sillas y andadores.
La investigación está delegada en el fiscal Franco Picardi y contó con la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Los embargos de Spagnuolo, Garbellini y Calvete fueron ampliados hasta los $47.000 millones. Es una medida cautelar patrimonial, no una multa definitiva ni la determinación final del daño.
El interés público del caso excede los balances del organismo. Las adquisiciones debían atender necesidades sanitarias de beneficiarios de Incluir Salud, entre ellos personas con discapacidad y pacientes en condiciones de vulnerabilidad. La discusión judicial apunta a cómo se usaron los recursos destinados a esas prestaciones; no permite atribuir a esta resolución, por sí sola, una interrupción concreta de tratamientos.
Queda pendiente completar el examen de las restantes contrataciones y establecer el alcance de cada participación. La ampliación fortalece una hipótesis judicial, pero las acusaciones deberán seguir contrastándose con las pruebas y las defensas antes de una eventual sentencia.
