Ley de Tierras “light”: el oficialismo apura un dictamen para desactivar la presión opositora

El oficialismo aceleró en Diputados una versión “light” de la Ley de Tierras para intentar ordenar un frente incómodo antes de la pulseada por el DNU 70. La Libertad Avanza y sus aliados buscan firmar dictamen del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya llegó con media sanción del Senado, incorporando parte de las restricciones que habían quedado bajo discusión tras el fallo de la Corte y la presión opositora.

El punto central es sensible: el texto mantendría el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, pero eliminaría el tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Esa combinación permite al Gobierno decir que conserva una barrera contra la extranjerización, aunque al mismo tiempo flexibiliza uno de los límites más concretos que tenía el régimen anterior.

La discusión viene de lejos. La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció restricciones a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. El DNU 70/2023 impulsó una desregulación más amplia que incluyó la derogación de ese esquema, pero el tema volvió al centro de la agenda por la ofensiva opositora para rechazar el decreto y por las objeciones judiciales que reactivaron el debate sobre soberanía, propiedad privada y uso productivo del territorio.

La jugada parlamentaria tiene un objetivo táctico. El oficialismo intenta quitarle volumen político a la sesión opositora que busca golpear al Gobierno con temas de alto impacto: DNU 70, discapacidad, endeudamiento y otros expedientes sensibles. Al aceptar una parte de las restricciones sobre tierras, la Casa Rosada busca retener aliados que no querían quedar pegados a una liberalización total y, al mismo tiempo, preservar el corazón de su discurso sobre seguridad jurídica y propiedad privada.

El problema es que el equilibrio es difícil. Para sectores opositores, el cambio sigue siendo insuficiente porque deja abierta una mayor concentración de tierras en zonas productivas clave. Para los libertarios más duros, aceptar límites puede leerse como una concesión defensiva. Y para los bloques provinciales, la discusión toca intereses territoriales concretos: producción agropecuaria, acceso al agua, recursos estratégicos y control político de áreas sensibles.

El debate también muestra cómo funciona la nueva etapa legislativa del Gobierno. Con más bloques dispuestos a negociar, pero sin mayoría propia automática, cada proyecto necesita una arquitectura de votos distinta. La Ley de Tierras “light” aparece entonces como una pieza de contención: no resuelve todo el conflicto por el DNU 70, pero puede ayudar a separar aliados de la oposición más dura y ganar tiempo en una semana parlamentaria cargada.

Lo que queda por verse es si el dictamen alcanza para modificar el clima en el recinto. Si el oficialismo logra mostrar una salida intermedia, puede reducir el costo político de la discusión. Si no consigue ordenar a sus socios, la oposición tendrá una nueva oportunidad para exhibir que el programa de desregulación todavía encuentra límites cuando toca intereses territoriales y simbólicos de alto peso público.