La Corte analiza la Ley de Tierras y vuelve a poner al Congreso frente al DNU 70

La Corte Suprema volvió a colocar la Ley de Tierras en el centro de la agenda política al convocar un acuerdo extraordinario para analizar un planteo que puede restablecer restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros. El movimiento judicial impacta de lleno sobre el Decreto 70/2023, una de las normas más amplias y discutidas del gobierno de Javier Milei.

El tribunal debe revisar el alcance de un expediente colectivo vinculado con la derogación de la Ley 26.737, que fijaba límites a la extranjerización de la tierra rural. Si la Corte hace lugar a la cautelar bajo estudio, las restricciones podrían quedar nuevamente vigentes mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Una discusión que volvió por la vía judicial

La pelea no nació esta semana. El DNU 70 eliminó una larga lista de regulaciones y entre ellas quedó alcanzado el régimen de tierras rurales. Esa decisión fue discutida en tribunales por organizaciones civiles, comunidades indígenas y excombatientes de Malvinas, que argumentan que la propiedad de tierras estratégicas tiene impacto territorial, ambiental y de soberanía.

La discusión también llegó al Congreso. La oposición intenta forzar una sesión para rechazar el megadecreto y el oficialismo busca sostenerlo porque lo considera una herramienta central de su programa de desregulación. En ese cruce, un fallo de la Corte puede cambiar el equilibrio político: no deroga el DNU por sí solo, pero puede devolverle vigencia práctica a una norma que el Gobierno quiso dejar atrás.

Por qué importa para las provincias

La Ley de Tierras no afecta sólo a grandes operaciones inmobiliarias. También involucra recursos naturales, zonas de frontera, producción agropecuaria, acceso al agua y decisiones de planificación territorial. Por eso el tema suele generar posiciones distintas entre provincias, empresarios, comunidades locales y bloques parlamentarios.

Para el oficialismo, mantener la derogación es parte de una señal hacia inversores. Para sus críticos, flexibilizar sin controles puede debilitar herramientas públicas para proteger áreas sensibles. Esa tensión explica por qué una cuestión jurídica terminó convertida en una disputa institucional de alto voltaje.

Qué queda abierto

La Corte debe definir primero el alcance de la medida cautelar y el efecto concreto sobre los expedientes vinculados. Después seguirá pendiente la discusión legislativa sobre el DNU 70 y sobre una eventual ley que ordene de manera estable el régimen de tierras rurales.

El dato político es claro: el Gobierno enfrenta una pulseada simultánea en tribunales y en el Congreso. Para los ciudadanos, el resultado puede definir si el país mantiene límites específicos sobre la compra de campos por extranjeros o si consolida el giro desregulador iniciado por el Ejecutivo.