La oposición junta votos para llevar el DNU 70 al recinto por la Ley de Tierras

La oposición aceleró contactos en Diputados para llevar al recinto el rechazo al DNU 70/2023, después de que la Corte Suprema reabriera la pelea por la Ley de Tierras y dejara al oficialismo frente a uno de sus riesgos parlamentarios más sensibles.

El conflicto se reactivó por el artículo del megadecreto que derogó los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La discusión, que hasta hace pocos días parecía acotada a un capítulo específico, volvió a mezclarse con el destino general del DNU que Javier Milei firmó al inicio de su mandato. Para la oposición, el fallo judicial abrió una ventana política: si consigue reunir una mayoría en Diputados, puede completar el rechazo que el Senado ya había votado en 2024.

La cuenta que mira el Congreso

Los bloques opositores trabajan sobre una sesión especial prevista para mediados de octubre. Allí buscarán sumar a peronistas, fuerzas provinciales, la Coalición Cívica, la izquierda y legisladores dialoguistas que mantienen reparos con la desregulación de tierras estratégicas. El oficialismo, en cambio, intenta evitar que el debate sobre tierras arrastre todo el decreto, porque el DNU 70 contiene buena parte del andamiaje desregulatorio con el que Milei inauguró su gestión.

El problema para la Casa Rosada es que el tema conecta soberanía, federalismo, inversión extranjera y control territorial. No se trata sólo de una discusión técnica: en provincias con recursos naturales, zonas de frontera o áreas productivas, la cuestión de quién puede comprar y concentrar tierra rural tiene impacto político directo. Esa sensibilidad explica por qué algunos aliados del Gobierno prefieren separar el capítulo de tierras del resto del decreto.

Un antecedente que vuelve a pesar

La Ley 26.737 había fijado topes a la titularidad extranjera de tierras rurales y límites específicos para personas o empresas de una misma nacionalidad. El DNU 70 eliminó ese esquema como parte de una agenda más amplia de liberalización económica. Desde entonces, el punto quedó judicializado y se transformó en una bandera opositora, con movilizaciones y pedidos de tratamiento legislativo.

La Corte no resolvió el debate político de fondo, pero al dejar sin efecto una medida que frenaba la derogación empujó el tema otra vez al Congreso. Para el oficialismo, el desafío inmediato es impedir que la oposición convierta un fallo favorable en un costo mayor: la caída completa del megadecreto. Para la oposición, la prueba será transformar el rechazo discursivo en votos efectivos dentro del recinto.

El desenlace todavía depende de ausencias, negociaciones provinciales y señales de los bloques que suelen definir mayorías ajustadas. Si la sesión prospera, el Gobierno enfrentará una discusión que puede exceder la Ley de Tierras y revisar una pieza central de su arquitectura política y económica.