Diputados prepara una pulseada clave por el DNU 70/23 y la Ley de Tierras

La Cámara de Diputados vuelve a quedar en el centro de una disputa política sensible: bloques opositores preparan una sesión especial para intentar rechazar el DNU 70/23, el megadecreto que Javier Milei firmó al inicio de su mandato y que modificó o derogó una extensa lista de normas económicas, comerciales y regulatorias.

La convocatoria tomó fuerza después de que la Corte Suprema dejara firme la vigencia de cambios vinculados con la Ley de Tierras, un punto que reabrió la discusión sobre los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Ese capítulo del decreto ya había tenido resistencia legislativa y judicial, pero el nuevo escenario volvió a convertirlo en una bandera para la oposición.

El dato político es que el Senado ya había rechazado el DNU en 2024. Si Diputados también lo rechaza, el decreto quedaría sin efecto hacia adelante. Por eso la discusión no se limita a la propiedad de tierras: también podría alcanzar regulaciones sobre alquileres, prepagas, sociedades, comercio y relaciones laborales que el Gobierno incluyó en aquel paquete desregulador.

Para la Casa Rosada, sostener el DNU es parte de la arquitectura de reformas con la que Milei buscó ordenar la economía y reducir intervención estatal. Para la oposición, en cambio, el decreto concentró cambios demasiado amplios para una herramienta excepcional y dejó decisiones estructurales fuera del debate parlamentario.

La pelea tiene un impacto ciudadano directo. Si el Congreso avanza, podrían volver reglas anteriores en áreas que afectan contratos, empresas, consumidores, usuarios de salud privada y actores productivos. También quedaría planteado un antecedente fuerte sobre los límites del Ejecutivo para gobernar por decreto cuando no consigue mayoría propia.

El oficialismo intentará evitar que la oposición junte quórum y votos suficientes. La oposición, por su lado, buscará convertir la sesión en una demostración de fuerza política. La cuenta final dependerá de bloques provinciales, aliados parciales y legisladores que suelen negociar caso por caso. Lo que queda abierto es si la presión por la Ley de Tierras alcanza para ordenar una mayoría contra todo el DNU o si el Gobierno logra encapsular la discusión.