La fiscalía pidió peritar las billeteras cripto de Adorni y reconstruir su patrimonio

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó una medida clave: el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió peritar las billeteras cripto que el exjefe de Gabinete presentó como parte de su explicación patrimonial y ampliar la reconstrucción de sus ingresos durante un período más extenso.

El punto sensible es la trazabilidad. Adorni sostuvo que parte de los fondos cuestionados provenía de operaciones con bitcoin y otras tenencias digitales realizadas antes de su llegada al Gobierno. La fiscalía busca comprobar si las billeteras señaladas estuvieron efectivamente bajo su control al momento de las operaciones, si los movimientos coinciden con los montos declarados y si el origen de los fondos puede ser respaldado con información técnica y fiscal.

La investigación no se limita a mirar una captura o una dirección de blockchain. En el mundo cripto, demostrar el control actual de una wallet no necesariamente prueba quién la controlaba años atrás ni cómo ingresaron los fondos. Por eso, el pedido fiscal apunta a una verificación criptográfica, al análisis de movimientos y al cruce con datos bancarios, tributarios y laborales.

El caso tiene impacto político porque Adorni fue una de las voces centrales del oficialismo y ocupó un lugar de máxima exposición pública. Su salida del Gabinete ya había dejado una marca en la estrategia comunicacional del Gobierno, que durante meses presentó la transparencia y la austeridad como parte de su identidad. Una investigación patrimonial sobre un exfuncionario de ese rango obliga al Ejecutivo a administrar el costo institucional sin convertir la defensa política en una interferencia judicial.

La fiscalía también pidió levantar o ampliar reservas sobre información fiscal y bancaria de Adorni y de su esposa para reconstruir el recorrido económico previo. Ese tramo es importante porque la defensa ubica el origen de los fondos en años anteriores a la gestión pública. Si los registros acompañan esa explicación, el expediente puede perder fuerza; si aparecen vacíos o inconsistencias, la causa podría avanzar hacia nuevas imputaciones o medidas de prueba.

Por ahora, no hay condena ni definición de responsabilidad penal. Lo que se abre es una instancia de contraste entre una explicación patrimonial y datos verificables. En una causa de alto voltaje político, la diferencia entre control técnico, titularidad real y origen lícito de los fondos será el centro de la discusión judicial.