Discapacidad vuelve a tensionar a Diputados: los aliados piden garantías antes de votar

La discusión por los fondos de Discapacidad volvió a quedar en el centro de la negociación parlamentaria. Después del impacto que generó el capítulo del Presupuesto 2027, el oficialismo consiguió un dictamen propio para reemplazar el recorte original, pero todavía enfrenta reclamos de sus aliados antes de llevar el texto al recinto.

El proyecto que ahora impulsa La Libertad Avanza retoma puntos centrales de la emergencia: un nomenclador único para prestaciones, actualización por inflación, compatibilidad de la pensión con empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad como vía para acceder a beneficios. La diferencia política está en el financiamiento. La nueva redacción busca que las partidas queden incorporadas al Presupuesto y no dependan de reasignaciones discrecionales de la Jefatura de Gabinete.

Para los bloques dialoguistas, ese punto todavía necesita precisión. Diputados de la UCR, el PRO y espacios provinciales acompañaron el dictamen, algunos con disidencias, pero pidieron una fórmula clara para garantizar la actualización mensual de las prestaciones y un cronograma de pago de compensaciones adeudadas a prestadores. Sin esas garantías, advierten que el número para la sesión puede volver a moverse.

El conflicto nació cuando el Presupuesto enviado al Congreso introdujo cambios que alteraban el esquema vigente de prestaciones y desataron críticas incluso dentro del propio oficialismo. La tensión expuso diferencias entre el área económica, los legisladores libertarios y aliados que sostienen al Gobierno en votaciones clave. También puso sobre la mesa un problema concreto para miles de familias: la demora en pagos, la pérdida de valor de los aranceles y la incertidumbre de prestadores que sostienen terapias, traslados y acompañamientos.

La pulseada tiene una dimensión institucional. El Congreso ya había discutido la emergencia en discapacidad como respuesta a reclamos de organizaciones, familias y prestadores. El Poder Ejecutivo, en cambio, busca ordenar el gasto dentro de la ley de leyes y evitar que una norma separada abra obligaciones fiscales sin financiamiento definido.

El oficialismo pretende llevar el tema al recinto el 7 de octubre, junto con otros proyectos de alto voltaje político. Si logra cerrar el texto con sus aliados, podrá mostrar una salida negociada después de una de las crisis internas más ásperas del Presupuesto. Si no lo consigue, la oposición intentará recuperar la iniciativa con una prórroga más amplia de la emergencia.

La discusión seguirá siendo sensible porque no se limita a una planilla. En el medio hay tratamientos, pensiones, escuelas especiales, centros de día y familias que dependen de reglas previsibles para sostener su vida cotidiana.