El Gobierno se inclina por aceptar los cambios del Senado y cerrar la reforma del Banco Central

El Gobierno nacional quedó ante una decisión política de alto costo institucional: aceptar los cambios que introdujo el Senado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central o intentar sostener en Diputados la versión original, para la que hoy no reuniría los votos necesarios.

La posición que predomina en la Casa Rosada es convalidar la redacción que llegó de la Cámara alta y cerrar la ley. El punto sensible es el mecanismo para designar y remover a las autoridades del BCRA. Diputados había aprobado un esquema más rígido, con intervención de ambas cámaras y mayorías agravadas. El Senado reemplazó ese procedimiento por una mayoría absoluta de 37 votos en la propia Cámara alta, que conservaría la llave para aprobar nombramientos y eventuales desplazamientos.

La modificación no es menor. Para Milei, blindar al directorio del Banco Central frente a cambios de mayoría forma parte de la arquitectura institucional que busca dejar instalada después de su programa económico. Pero el oficialismo también mide el riesgo de empantanar una reforma que considera central: limitar el financiamiento del Tesoro, restringir transferencias de utilidades contables y fijar como objetivo principal la preservación del valor de la moneda.

El antecedente pesa. La Carta Orgánica del BCRA fue reformada en 2012 para ampliar los objetivos de la entidad y habilitar mayores márgenes de asistencia al sector público. Desde entonces, la discusión sobre independencia monetaria quedó atada a la pelea por la inflación, las reservas y la capacidad del Poder Ejecutivo de usar al Central como fuente de financiamiento.

El Senado aprobó la reforma en general por 46 votos contra 22, pero el artículo de la remoción reunió una mayoría todavía más amplia: 66 apoyos y sólo dos rechazos. Ese número complica a Diputados, porque para insistir con el texto original debería juntar una mayoría agravada difícil de alcanzar sin el peronismo.

La definición llegará en medio de una agenda parlamentaria cargada. Octubre concentrará debates sobre Discapacidad, Malvinas, Presupuesto 2027 y endeudamiento familiar. En ese tablero, el Gobierno parece dispuesto a resignar parte de su diseño ideal para asegurarse una ley que le permita mostrar orden macroeconómico y enviar una señal de continuidad a los mercados.

Lo que queda abierto es cuánto cambia, en la práctica, la independencia del Central con la nueva regla. El oficialismo sostiene que el avance de fondo está en cortar los canales de financiamiento al Tesoro. La oposición y varios aliados miran, en cambio, quién tendrá poder real para sostener o remover a las autoridades del banco en una futura crisis política.