La Casación redujo las condenas por el crimen de Rafael Nahuel y los prefectos no irán a prisión

La Cámara Federal de Casación Penal redujo las condenas impuestas a cinco integrantes del Grupo Albatros de Prefectura por el crimen de Rafael Nahuel y dejó penas en suspenso, por lo que los acusados no irán a prisión. La decisión vuelve a poner en debate judicial y político un caso que atraviesa seguridad, derechos humanos, pueblos originarios y uso de la fuerza estatal.

Nahuel murió el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, durante un operativo posterior al desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu en tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi. Tenía 22 años y recibió un disparo por la espalda. El expediente tuvo años de peritajes, testimonios cruzados y discusiones sobre el alcance de la responsabilidad penal de los prefectos que participaron del procedimiento.

La sentencia revisada había considerado que existió un exceso en la actuación de los integrantes de la fuerza federal. Casación mantuvo responsabilidad, pero redujo el encuadre y las penas, con el argumento de que el operativo se produjo en cumplimiento de una orden judicial y en un contexto que el tribunal valoró de manera distinta a la instancia anterior. La familia y sus abogados cuestionaron la resolución y anticiparon que seguirán reclamando una condena efectiva.

El caso Nahuel quedó marcado desde el inicio por una fuerte disputa pública. Para sectores de derechos humanos, el disparo por la espalda y la cantidad de tiros efectuados por la fuerza probaron un uso desproporcionado de la violencia estatal. Para las defensas, los prefectos actuaron en un escenario de riesgo y bajo una orden de desalojo. Esa tensión, que nunca fue sólo jurídica, reaparece con cada nueva resolución.

La reducción de las penas llega en un momento en el que la política de seguridad vuelve a ocupar un lugar central en el debate nacional. También deja una pregunta institucional abierta: cómo se juzga la actuación de fuerzas federales en conflictos territoriales y qué estándares deben regir cuando un operativo estatal termina con una persona muerta. La causa todavía puede tener nuevos capítulos si las partes recurren la decisión.