El Gobierno promete avanzar con pliegos judiciales tras casi dos años sin nombramientos

El Gobierno volvió a prometer que avanzará con el envío de pliegos para cubrir cargos vacantes en la Justicia nacional y federal. La decisión aparece en un momento en que el Ministerio de Justicia acumula ternas y el sistema judicial arrastra un nivel de vacancias que afecta juzgados, fiscalías y defensorías.

El problema no es nuevo, pero se agravó durante la gestión actual. Al asumir, la administración libertaria retiró pliegos que estaban en trámite en el Congreso y, desde entonces, no concretó nombramientos de jueces, fiscales ni defensores oficiales. La explicación oficial combina revisión política de candidatos, falta de margen parlamentario y expectativa por una nueva relación de fuerzas en el Senado.

La Cámara alta es la llave institucional del proceso. Los jueces y funcionarios judiciales requieren acuerdo del Senado, por lo que cada pliego combina evaluación técnica, negociación política y lectura del equilibrio entre oficialismo, aliados y oposición. Con la nueva composición parlamentaria, la Casa Rosada considera que puede abrir una etapa distinta y enviar expedientes retenidos.

El impacto ciudadano es directo. Un juzgado sin titular puede demorar expedientes, sobrecargar subrogancias y volver más lento el funcionamiento de fueros sensibles. En el Ministerio Público, las vacantes también pesan sobre investigaciones penales, protección de derechos e intervención del Estado en causas de interés público. La falta de defensores, además, golpea especialmente a personas que dependen de asistencia jurídica estatal.

El Presidente había dicho ante la Asamblea Legislativa que quería avanzar con cargos vacantes de la Justicia Federal, la Procuración, la Defensoría General y la Defensoría del Pueblo. Ese compromiso quedó pendiente y ahora vuelve a escena en un contexto más amplio: el Gobierno busca ordenar su agenda legislativa, sostener reformas económicas y recomponer vínculos con bloques que necesita para aprobar leyes.

La pregunta de fondo es si el envío de pliegos será una política de normalización institucional o una moneda más dentro de la negociación política. Cubrir vacantes puede mejorar el servicio de justicia, pero también exige transparencia en los criterios de selección, controles públicos y acuerdos que no conviertan los cargos en reparto de poder. El próximo paso será verificar cuántos expedientes llegan efectivamente al Senado y con qué respaldo.