Zona Fría: el Senado define una reforma que puede cambiar las facturas de gas

El Senado trata este jueves una reforma de alto impacto ciudadano: los cambios al régimen de Zona Fría, el esquema que otorga descuentos en la tarifa de gas a hogares ubicados en regiones con mayor demanda energética. El proyecto llega con media sanción de Diputados y forma parte de la agenda fiscal que el Gobierno busca cerrar antes de fin de año.

La iniciativa apunta a revisar la ampliación aprobada en 2021, cuando el beneficio se extendió a departamentos y localidades de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja. El criterio que impulsa el oficialismo reduce el alcance geográfico generalizado y desplaza el peso hacia una segmentación por vulnerabilidad económica.

El tema concentra tensión política porque combina dos asuntos sensibles: el ajuste de subsidios y el costo de los servicios públicos. En distintas provincias advierten que la modificación puede traducirse en facturas más altas para usuarios que hoy reciben descuentos automáticos. En regiones frías o con inviernos extensos, el gas no funciona como un consumo accesorio sino como un gasto básico para calefacción, agua caliente y vida cotidiana.

La negociación en la Cámara alta involucra a senadores patagónicos, legisladores de provincias incorporadas al régimen ampliado y bloques dialoguistas que también discuten otros proyectos del oficialismo. Para el Gobierno, el rediseño del beneficio es parte de una política más amplia de recorte de subsidios y orden fiscal. Para los críticos, la reforma puede trasladar demasiado rápido el costo a familias que ya enfrentan tarifas, alquileres y alimentos con presión sobre sus ingresos.

El antecedente central es la Ley 27.637, que amplió en 2021 el régimen creado sobre la base de zonas bioambientales. Desde entonces, el beneficio alcanzó a millones de usuarios y se convirtió en una herramienta de alivio tarifario. La discusión actual no elimina toda asistencia, pero sí redefine quiénes quedarán cubiertos y bajo qué condiciones.

Si el Senado convierte el proyecto en ley, el cambio abrirá una etapa de implementación administrativa y nuevas definiciones regulatorias. El punto que queda abierto es cómo se traducirá esa transición en las próximas facturas y qué mecanismos habrá para evitar que hogares vulnerables pierdan cobertura por problemas de registro o actualización de datos.