Capital Humano pidió investigar a Formosa por un presunto adoctrinamiento escolar

El Ministerio de Capital Humano pidió al gobierno de Formosa que abra una investigación sumaria por un presunto caso de adoctrinamiento político en una escuela primaria. El reclamo se activó después de la difusión de un video en el que una funcionaria educativa vincula la entrega de guardapolvos, útiles, zapatillas y alimentos con el gobernador Gildo Insfrán frente a alumnos.

El episodio ocurrió en una escuela de Gran Guardia, una localidad ubicada a unos 70 kilómetros de la capital formoseña, y rápidamente escaló del plano provincial al nacional. Para la cartera que conduce Sandra Pettovello, el punto central es determinar si se usó un ámbito escolar y recursos públicos para transmitir un mensaje partidario a chicos de nivel primario.

La discusión toca una fibra sensible de la política argentina: el límite entre la comunicación institucional y la utilización partidaria del Estado. La entrega de insumos escolares puede formar parte de una política pública legítima, pero el conflicto aparece cuando esa asistencia se presenta como un gesto personal de un dirigente y no como una obligación estatal financiada con recursos públicos. En ese borde se apoya el planteo nacional.

Formosa arrastra desde hace años una fuerte controversia institucional por la concentración de poder alrededor de Insfrán, quien gobierna la provincia desde 1995. Esa trayectoria convierte cada señal vinculada al uso político de escuelas, actos oficiales o programas sociales en un tema de alcance nacional. La oposición provincial viene denunciando prácticas de identificación entre gobierno, partido y Estado, mientras el oficialismo formoseño suele responder que se trata de operaciones políticas contra la autonomía provincial.

El caso también vuelve a poner bajo la lupa el rol de la escuela pública. En un aula, la asimetría entre adultos, autoridades y estudiantes obliga a extremar cuidados: los chicos no están en condiciones de distinguir siempre entre información institucional, propaganda o presión simbólica. Por eso, aun cuando una investigación deba determinar responsabilidades concretas, la difusión del video abrió una discusión más amplia sobre neutralidad educativa y protección de derechos.

Ahora la respuesta formal queda en manos de la administración formoseña. Si se abre el sumario, deberá precisar quién participó del acto, qué instrucciones había, qué recursos se entregaron y si existió una orden oficial para mencionar al gobernador ante los alumnos. Mientras tanto, el caso ya se transformó en un nuevo capítulo de la tensión entre el Gobierno nacional y una de las provincias más alineadas con el peronismo tradicional.