Mogetta negó vínculos irregulares tras las críticas por la adjudicación de rutas nacionales

Franco Mogetta negó haber tenido intervención irregular en la adjudicación de rutas nacionales luego de que se conocieran cuestionamientos por la participación de una empresa vinculada a su familia en un consorcio que recibió una concesión vial por dos décadas. El exsecretario de Transporte buscó despegarse de la decisión administrativa y sostuvo que no tuvo injerencia directa en el proceso.

El caso reabrió una discusión sensible para el Gobierno: cómo se controlan las concesiones de infraestructura cuando exfuncionarios, empresas privadas y contratos de largo plazo aparecen conectados por vínculos personales o societarios. La adjudicación involucra tramos de rutas nacionales estratégicas, con impacto sobre transporte de cargas, usuarios particulares, economías regionales y costos logísticos.

La política vial argentina viene de años de cambios de modelo. Hubo etapas de obra pública financiada por el Estado, períodos de peajes, esquemas mixtos y debates sobre la privatización o concesión de corredores. En ese recorrido, cada licitación queda bajo una lupa doble: por un lado, la necesidad de sostener rutas en condiciones seguras; por el otro, la obligación de garantizar competencia, transparencia y ausencia de beneficios indebidos.

El Gobierno defiende la participación privada como una forma de acelerar inversiones y reducir presión sobre las cuentas públicas. Pero ese argumento no elimina la necesidad de controles. En contratos extensos, la letra chica define tarifas, mantenimiento, obras obligatorias, penalidades, plazos y mecanismos de revisión. Si esos puntos no son claros, el costo puede trasladarse al usuario o terminar en renegociaciones futuras.

Mogetta, que ocupó un lugar relevante en el área de Transporte, quedó en el centro de la controversia porque la sospecha pública no gira sólo sobre la legalidad formal, sino también sobre la apariencia de conflicto de interés. En política, esa diferencia importa: una adjudicación puede cumplir pasos administrativos y aun así exigir explicaciones si involucra a actores cercanos a quienes tuvieron responsabilidad en el área.

Para las provincias y los usuarios, el tema tiene una dimensión concreta. Las rutas nacionales conectan puertos, centros productivos, ciudades intermedias y zonas turísticas. El estado del asfalto, la frecuencia de mantenimiento y el precio de los peajes afectan a transportistas, trabajadores, comerciantes y familias. La pregunta pendiente es si los organismos competentes aportarán información suficiente para cerrar dudas o si el expediente derivará en nuevas revisiones políticas y administrativas.