Casa Rosada tantea un acuerdo judicial con gobernadores para completar la Corte
Publicado: 20 / 09 /2026La negociación judicial volvió al tablero político
La Casa Rosada y gobernadores dialoguistas empezaron a explorar, todavía de manera informal, un posible entendimiento para completar la Corte Suprema y resolver la Procuración General, dos casilleros institucionales que arrastran años de indefinición y que requieren mayorías amplias en el Senado.
El movimiento no aparece como una propuesta cerrada ni como un proyecto enviado al Congreso. Es, por ahora, una conversación política que se cruza con otras tratativas sensibles para el oficialismo: la agenda electoral, el Presupuesto 2027 y el paquete de leyes que el Gobierno quiere ordenar antes de fin de año. En ese mapa, los gobernadores vuelven a ocupar un lugar central porque sus legisladores pueden inclinar votaciones decisivas.
Por qué importa
La Corte funciona desde hace tiempo con una integración reducida y cada intento de ampliarla o cubrir vacantes terminó envuelto en disputas políticas. El antecedente más cercano fue el fracaso de las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, que dejaron costos dentro y fuera del oficialismo. Reabrir esa discusión exige una ingeniería más amplia que la de una mayoría simple: para designar jueces de la Corte hacen falta dos tercios de los senadores presentes.
La Procuración General también es una pieza clave. El cargo permanece con conducción interina desde hace casi nueve años, algo que condiciona la política criminal federal y el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. En los despachos oficiales circula la idea de que una negociación integral podría incluir ese nombramiento junto con otros movimientos judiciales, aunque todavía no hay una candidatura formal anunciada.
El contexto político
El Gobierno llega a esta instancia después de conseguir la aprobación de un volumen importante de pliegos judiciales en el Senado. Ese antecedente alimentó la expectativa de que puede existir una ventana para discutir cargos de mayor peso, pero también expone el límite: sin oposición, gobernadores y bloques provinciales, la Casa Rosada no tiene número propio.
La discusión se mezcla con la necesidad oficial de reconstruir puentes tras semanas de tensión legislativa. El oficialismo necesita votos para leyes económicas, electorales e institucionales, mientras los mandatarios provinciales reclaman obras, fondos y previsibilidad. En ese intercambio, la agenda judicial aparece como una carta de negociación sensible porque toca el equilibrio de poder más allá de la coyuntura.
El dato central es que nada está cerrado. La novedad es que un tema que parecía congelado volvió a circular en conversaciones de alto nivel. Si avanza, no será una votación aislada: dependerá de un acuerdo político más amplio y de la capacidad del Gobierno para evitar otro tropiezo en una materia donde ya pagó costos fuertes.
