Presupuesto 2027: el Gobierno priorizó 67 obras y apuesta a concesiones privadas

El proyecto de Presupuesto 2027 incluyó una selección de 67 obras públicas consideradas prioritarias por el Gobierno nacional y confirmó el giro de la administración de Javier Milei hacia un esquema de infraestructura más chico, focalizado y con mayor participación privada.

La partida prevista para desarrollo e infraestructura pública ronda los $1,3 billones, una porción reducida dentro del gasto total proyectado. El número sintetiza la decisión política del oficialismo: sostener pocas obras estratégicas, priorizar corredores viales, energía y transporte, y trasladar parte del financiamiento o la ejecución hacia provincias, empresas concesionarias y mecanismos de inversión privada.

El cambio tiene impacto directo sobre provincias y municipios. Durante años, la obra pública nacional funcionó como herramienta de negociación federal y como motor de empleo en construcción. El esquema que ahora impulsa la Casa Rosada recorta ese margen y obliga a los gobernadores a revisar prioridades, buscar financiamiento alternativo o aceptar que determinados proyectos queden demorados.

La discusión también tiene un costado ciudadano inmediato. Rutas, accesos, mantenimiento vial, obras hídricas, energía y transporte no son sólo planillas presupuestarias: afectan tiempos de viaje, seguridad, costos logísticos, conectividad regional y prevención de emergencias. Por eso, aunque el Gobierno presenta el recorte como parte de su disciplina fiscal, el debate legislativo girará sobre qué obras quedan adentro, cuáles salen y quién se hace cargo de sostenerlas.

El oficialismo defiende que el Estado debe concentrarse en proyectos de alto impacto y crear condiciones para que el sector privado invierta. La oposición y varios mandatarios provinciales, en cambio, advierten que no todas las obras pueden financiarse con rentabilidad privada, especialmente en zonas donde el retorno económico es bajo pero el beneficio social resulta alto.

La lista de 67 proyectos será uno de los capítulos sensibles del Presupuesto. Si el Gobierno busca votos de gobernadores y bloques provinciales, deberá explicar con precisión por qué algunas obras fueron priorizadas y otras quedaron afuera. En ese punto, la discusión fiscal se transformará en una negociación territorial concreta.