Las CTA impugnaron el nuevo salario mínimo y pidieron reabrir la paritaria

Las dos CTA impugnaron la nueva fijación del salario mínimo, vital y móvil y le reclamaron al Ministerio de Capital Humano que reabra la negociación tripartita. La presentación apunta contra la resolución que definió el piso salarial de septiembre y volvió a dejar en manos del Gobierno una discusión que no había logrado acuerdo entre gremios y cámaras empresarias.

El reclamo tiene un impacto directo sobre trabajadores registrados de menores ingresos, beneficiarios de programas atados al salario mínimo y sectores informales que usan ese valor como referencia. Las centrales sostienen que el monto quedó lejos de la evolución de los precios y de la canasta básica, y que la decisión administrativa vacía de contenido el funcionamiento del Consejo del Salario.

El conflicto no empezó con la impugnación. La última reunión del Consejo había fracasado después de que las organizaciones sindicales rechazaran la oferta empresaria y plantearan una recomposición mayor. Ante la falta de consenso, la cartera laboral que funciona dentro de Capital Humano fijó el nuevo valor por resolución, una salida que se repitió en distintos tramos de la gestión libertaria y que abrió cuestionamientos políticos y jurídicos.

La discusión vuelve a colocar a Sandra Pettovello en el centro de una agenda social sensible. Capital Humano concentra áreas que antes estaban repartidas entre Trabajo, Desarrollo Social y Educación, por lo que cada decisión sobre ingresos tiene derivaciones que exceden la mesa salarial. Para los gremios, el piso fijado no alcanza para recomponer la pérdida acumulada; para el Gobierno, la prioridad sigue siendo evitar medidas que comprometan la meta fiscal.

El dato político es que el salario mínimo funciona como un termómetro de la relación entre el Ejecutivo y las organizaciones laborales. La CGT y las CTA vienen denunciando una caída real del ingreso y reclaman que la negociación vuelva a tener una instancia efectiva. El oficialismo, en cambio, intenta mantener la pauta de austeridad mientras administra otros frentes parlamentarios y sociales.

Ahora la definición queda en el terreno administrativo y eventualmente judicial. Si Capital Humano rechaza la impugnación, las centrales podrían avanzar con nuevas presentaciones. Mientras tanto, el salario mínimo seguirá siendo una referencia incómoda: no sólo por el número final, sino por lo que muestra sobre la capacidad de diálogo social en una economía todavía atravesada por tensiones de precios, empleo e informalidad.