AySA: el Gobierno abrió ofertas y acelera una privatización clave para el AMBA

El proceso de privatización de AySA entró en una etapa decisiva: el Ministerio de Economía abrió este martes las ofertas técnicas para sumar un operador estratégico y avanzar con la venta de la participación estatal en la empresa que presta agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del conurbano.

La licitación contempla la transferencia del 90% de las acciones que están en manos del Estado nacional. El 10% restante corresponde al Programa de Propiedad Participada de los trabajadores. Según la información oficial difundida este 15 de septiembre, se presentaron dos grupos oferentes que ahora serán evaluados en su capacidad técnica antes de que el proceso pase a las instancias económicas y contractuales.

Un servicio público bajo revisión política

AySA volvió al centro de la agenda porque no se trata de una privatización más dentro del programa económico del Gobierno. La empresa abastece a millones de usuarios del AMBA y administra una infraestructura sensible: plantas potabilizadoras, redes cloacales, estaciones de bombeo y obras de expansión que impactan de forma directa en barrios donde el acceso al agua y al saneamiento sigue siendo desigual.

El Ejecutivo sostiene que la incorporación de capital privado permitirá revertir problemas de eficiencia, inversión y sustentabilidad. En esa línea, el pliego prevé obligaciones de inversión y expansión del servicio durante los primeros años de operación. También se informó que el esquema 2027-2031 tendrá metas obligatorias y control estatal sobre calidad, cobertura y cumplimiento contractual.

El antecedente que pesa en la discusión

La discusión tiene una historia larga. AySA fue creada en 2006, después de la salida de Aguas Argentinas, y desde entonces quedó como empresa estatal para sostener el servicio en la región metropolitana. El Gobierno actual cuestiona el nivel de transferencias recibidas por la compañía durante años y marca como pendiente la extensión de agua y cloacas en zonas del conurbano.

Del otro lado de la discusión, el punto central será qué margen tendrá el Estado para garantizar que una empresa privatizada invierta donde el negocio no resulta inmediatamente rentable. Ese debate cruza tarifas, subsidios, obras demoradas y capacidad regulatoria. Para los usuarios, la pregunta concreta es si el cambio de operador se traducirá en mejoras de presión, continuidad, cloacas y atención, o si abrirá una nueva disputa por aumentos.

La etapa que empieza ahora no define todavía al adjudicatario. Sí abre una negociación política y técnica que el Congreso, los municipios del AMBA, los trabajadores y los usuarios seguirán de cerca, porque el agua no es sólo una variable de balance: es un servicio básico y cotidiano.