Gobernadores se despegan de Milei antes del Presupuesto y la reforma electoral

El Gobierno llega a una semana decisiva con una señal política incómoda: varios gobernadores que habían acompañado tramos de la agenda oficial ahora toman distancia antes del envío del Presupuesto 2027 y del debate por la reforma electoral. La Casa Rosada necesita ordenar votos en ambas cámaras, pero el clima legislativo cambió después de una sucesión de derrotas y sesiones en las que la oposición consiguió instalar sus propios temas.

El punto central es el Presupuesto, que debe ingresar al Congreso en los próximos días. Para las provincias, no se trata sólo de una planilla de gastos: allí se definen obras, transferencias, deudas, subsidios y márgenes fiscales para un año electoral. El oficialismo sostiene la prioridad del equilibrio fiscal, pero los mandatarios reclaman previsibilidad y advierten que la obra pública, el transporte, la salud y la educación dependen de decisiones nacionales que impactan directo en los distritos.

La reforma electoral agrega otra capa de tensión. El Gobierno busca modificar reglas de competencia y ordenar el calendario político, mientras bloques aliados piden garantías antes de acompañar cualquier cambio. La discusión por las PASO, la eventual incorporación de herramientas como Ficha Limpia y el reparto de poder en las comisiones aparecen mezclados con la pulseada presupuestaria. En términos prácticos, cada negociación se cruza con la otra: un gobernador puede acompañar una parte de la agenda y frenar otra si no ve respuesta para su provincia.

El antecedente inmediato es el deterioro del vínculo parlamentario. En Diputados, la oposición logró quórum en temas sensibles y dejó expuesto que La Libertad Avanza no siempre consigue blindar la iniciativa oficial. En el Senado, el Gobierno también necesita aliados para evitar que proyectos propios queden demorados o pierdan contenido en comisión.

Para los ciudadanos, la disputa puede traducirse en decisiones concretas: qué partidas llegan a cada territorio, qué obras continúan, cómo se financian servicios y qué reglas electorales regirán el próximo año. La negociación recién empieza, pero ya muestra un Congreso menos dócil y gobernadores dispuestos a cobrar más caro cada voto.