El Gobierno reglamentó el Régimen Penal Juvenil y definió cómo se aplicará en tribunales

El Gobierno reglamentó el Régimen Penal Juvenil y puso en marcha la arquitectura institucional que faltaba para aplicar la ley en los tribunales nacionales y federales. La medida quedó formalizada en el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial, y define desde la autoridad de aplicación hasta la creación de un registro de supervisores y de una mesa federal de coordinación.

La reglamentación aterriza una reforma que alcanza a adolescentes de 14 a 17 años y que busca ordenar cómo debe intervenir el sistema de justicia juvenil. El Ministerio de Justicia quedó designado como autoridad de aplicación, con la tarea de coordinar la implementación, dictar normas complementarias y articular convenios con provincias, universidades y otros organismos públicos.

Qué cambia en la práctica

Uno de los puntos centrales es la figura del supervisor especializado, que deberá acompañar y controlar el proceso judicial y el cumplimiento de medidas alternativas o sanciones. Para integrar ese registro harán falta perfiles vinculados con pedagogía, psicología, trabajo social, adicciones o educación. Mientras se arma el listado definitivo, la autoridad de aplicación podrá elaborar uno provisorio con validez transitoria.

El decreto también crea un comité interministerial para coordinar a las áreas de Justicia, Seguridad, Capital Humano y Salud, y una mesa federal con Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires. La intención oficial es que la nueva ley no quede atada sólo al expediente judicial, sino que se implemente con una red de dispositivos y respuestas estatales más amplia.

Por qué importa

La discusión sobre el régimen juvenil viene hace tiempo en la política argentina, pero la reglamentación le da forma operativa a una ley que, sin ese paso, quedaba incompleta. Desde ahora, el desafío será si el sistema tiene capacidad real para absorber la reforma: centros adecuados, personal formado, coordinación con provincias y recursos para sostener medidas socioeducativas y de seguimiento.

También queda abierta la discusión más sensible: si el nuevo régimen conseguirá combinar una respuesta penal más clara con garantías suficientes y con una infraestructura estatal que hoy aparece desigual entre jurisdicciones. La publicación del decreto cierra la etapa del anuncio y abre la de la implementación, que suele ser la parte más difícil de cualquier cambio legal.