La obra pública se hunde y abre otra pulseada de Milei con los gobernadores
Publicado: 07 / 09 /2026
La obra pública nacional sigue en caída y ya no es solo un problema de presupuesto: también se convirtió en un problema político. Un nuevo relevamiento sobre ejecución y transferencias de capital muestra que el Gobierno de Javier Milei mantiene el ajuste sobre rutas, infraestructura y fondos para las provincias, al mismo tiempo que negocia apoyos con los gobernadores que necesita para sostener su agenda.
El informe al que accedió Infobae, elaborado por la consultora LCG, muestra que el gasto de capital siguió achicándose en 2026 y se ubicó en 0,3% del PBI a julio, después de haber caído a 0,4% en los dos primeros años de la gestión libertaria. En paralelo, la ejecución presupuestaria sobre obras nacionales continúa muy por debajo de lo que el propio Estado había previsto al inicio del ejercicio.
La foto provincial también es desigual. En los primeros siete meses del año, las transferencias de capital sumaron 0,5 billones de pesos y cayeron 52% en términos reales frente al mismo período de 2025. Cuatro distritos concentraron el 70% de esos fondos: Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis, todos con gobernadores aliados o en diálogo con la Casa Rosada.
Las rutas como moneda de negociación
La consecuencia política es evidente. Cuando la Nación deja de financiar obras, las provincias quedan obligadas a buscar salidas propias: tomar deuda, asumir tramos completos o negociar traspasos de jurisdicción. Santa Fe ya aceptó hacerse cargo de la Ruta Nacional A012 durante 20 años, y Chubut logró un acuerdo que le permitió absorber obras viales inconclusas a cambio de alivios en su deuda con la Nación.
Ese esquema cambia la lógica clásica de la obra pública. Ya no se trata solo de asfalto, puentes o edificios: se trata de poder territorial, de recursos y de capacidad de presión. Cada ruta que se detiene y cada transferencia que no llega vuelve más difícil la relación entre la Casa Rosada y los mandatarios que, además, necesitan señales para sus gestiones locales.
La administración nacional también ensaya otra salida: la concesión de tramos de rutas a privados, bajo la nueva Red Federal de Concesiones. El objetivo oficial es reducir gasto, pero el costo político sigue abierto porque muchas licitaciones contemplan mantenimiento y no soluciones estructurales para obras que llevan meses o años frenadas.
El fondo del conflicto
En el plano fiscal, el Gobierno exhibe disciplina. En el plano federal, la discusión es otra. Las provincias no solo reclaman más recursos: también señalan que la caída de la obra pública impacta sobre producción, seguridad vial, conectividad y empleo. Y ahí aparece el punto más sensible para Milei, porque la negociación con los gobernadores no se juega únicamente en el Congreso, sino también en la capacidad de dar respuestas concretas a los distritos.
La motosierra puede ordenar las cuentas, pero también deja cicatrices visibles en el mapa. Y en la Argentina de hoy, esas cicatrices vuelven a la mesa cada vez que el Gobierno necesita votos.
