Diputados ponen bajo lupa a Peter Thiel y el vínculo tecnológico que mira el Gobierno

La presencia de Peter Thiel en la Argentina pasó del murmullo empresarial al debate parlamentario. Este viernes, una audiencia convocada en Diputados por legisladores de Unión por la Patria reunió a especialistas para discutir los intereses del magnate tecnológico en el país, sus reuniones con funcionarios de Javier Milei y el impacto que podrían tener sus negocios vinculados a la inteligencia artificial.

La discusión no se limitó a un nombre propio. Sobre la mesa quedaron la compra de una mansión en Barrio Parque, las conversaciones que el empresario mantuvo con el Presidente, Luis Caputo, Santiago Bausili, José Luis Daza y Federico Sturzenegger, y las preguntas que la oposición viene planteando sobre soberanía de datos, uso de energía y regulación de centros de datos.

Qué discutió el Congreso

Los expositores pusieron el foco en la expansión de la inteligencia artificial, la vigilancia, el uso del territorio argentino y la posibilidad de que el país funcione como plataforma para negocios tecnológicos de escala global. También se discutió el concepto de “tecnofascismo”, una etiqueta que los organizadores usan para describir el modelo de desregulación radical que asocian con Thiel y con parte de la agenda oficial.

La audiencia sumó además una dimensión política inmediata. La oposición aprovechó la instancia para conectar la figura del empresario con el impulso del Gobierno a proyectos sobre inversión extranjera, modificación de reglas para tierras y sociedades, y el intento de instalar a la Argentina como destino atractivo para capitales tecnológicos.

Un símbolo de campaña

Thiel se convirtió en un blanco conveniente para ese armado. La protesta de activistas disfrazados de Gandalf frente a su casa, la cancelación de su participación en un evento con Milei y la exposición pública de sus reuniones con el gabinete terminaron de convertirlo en una figura que excede al mundo corporativo.

El resultado es una discusión que mezcla economía, geopolítica, soberanía digital y campaña electoral. Para el oficialismo, el interés pasa por atraer inversiones. Para la oposición, el riesgo está en ceder demasiado rápido en nombre de esa apertura. El Congreso eligió meter ese conflicto en agenda, y por ahora no parece dispuesto a sacarlo.