El Gobierno quiere llevar el piso salarial de las paritarias a $1.070.000 y reabre la discusión con gremios y empresas

El Gobierno quiere empujar las paritarias hacia un piso de referencia de $1.070.000 bruto para agosto de 2026 y, con esa jugada, ordenar una negociación salarial que viene muy fragmentada después de la reforma laboral. La señal no modifica por decreto el salario mínimo, vital y móvil, pero sí intenta fijar un umbral para convenios que quedaron muy por debajo de la inflación acumulada y del poder de compra esperado.

La novedad surge en la antesala de una nueva reunión del Consejo del Salario y en medio de una discusión abierta con sindicatos y cámaras empresarias. La Secretaría de Trabajo busca que el piso funcione como referencia para los convenios colectivos que se reabren ahora, sobre todo en actividades con remuneraciones más bajas, como maestranza, construcción, sanidad y algunos segmentos del agro. El planteo todavía debe pasar por la negociación sectorial y por la homologación oficial.

La diferencia entre esa referencia y el salario mínimo legal vigente sigue siendo grande. El monto oficial del SMVyM para agosto de 2026 está muy por debajo de la cifra que se analiza en Trabajo, lo que muestra hasta qué punto el debate ya no gira solo alrededor del mínimo formal, sino de cómo recomponer ingresos reales en sectores que quedaron atrasados. En paralelo, el propio informe estatal sobre trabajo registrado registró una nueva caída del salario privado real en junio, después de otro retroceso en mayo.

Un piso para ordenar convenios que quedaron desparejos

La apuesta oficial es política y salarial a la vez. Después de la reforma laboral, el Gobierno necesita mostrar que la negociación colectiva sigue abierta, pero también que los aumentos no se disparan de manera desordenada. Por eso busca una referencia común que permita cerrar acuerdos sin tocar, al menos por ahora, la estructura formal del salario mínimo nacional.

En los hechos, el esquema podría ordenar negociaciones que hoy están muy desparejas entre sí. Hay actividades que todavía conservan mejores registros, pero otras arrastran pérdidas fuertes en términos reales y quedaron muy lejos de lo que el Ejecutivo considera un piso razonable para agosto. La intención oficial es que cada gremio y cada cámara decidan su acuerdo, aunque con una señal de piso que reduzca la dispersión.

Lo que sigue abierto

El plan todavía no está cerrado. Falta saber cómo reaccionarán los sindicatos, qué margen tendrán las cámaras y si el Gobierno puede sostener la idea sin abrir un conflicto mayor con Economía. También queda por ver si la referencia terminará siendo una guía real para los convenios o una señal política para ordenar la discusión pública sobre salarios y consumo.

Lo que sí quedó claro es que el oficialismo ya no mira la paritaria solo como un tema laboral. La considera una variable económica, fiscal y política al mismo tiempo. En un momento de salarios golpeados y consumo débil, cualquier piso que se anuncie tendrá efecto inmediato sobre la conversación pública y sobre la pulseada entre el Gobierno, los gremios y las empresas.