San Luis avanza con una reforma constitucional que limita mandatos y borra las elecciones de medio término

San Luis dio un paso político de alto impacto con una reforma constitucional que toca varias piezas del poder provincial: limita la reelección del gobernador a dos mandatos, elimina las elecciones de medio término y suma capítulos sobre inteligencia artificial, agua y organización judicial.

El proyecto ya obtuvo media sanción en el Senado puntano y quedó ahora en manos de la Cámara de Diputados. Lo que se debate no es la reforma en sí misma, sino la declaración de necesidad y conveniencia que habilitaría luego una Convención Constituyente. Esa diferencia es central: si Diputados acompaña, recién después se abrirá el proceso para rediscutir la Carta Magna provincial.

La iniciativa de Claudio Poggi busca desarmar el esquema político que rigió en la provincia desde los años de hegemonía de los Rodríguez Saá y ordenar un calendario institucional distinto. Entre los cambios más visibles figura la eliminación de la elección legislativa de medio término, una decisión que haría coincidir la renovación de senadores y diputados provinciales con la votación de gobernador cada cuatro años. También amplía el período de sesiones ordinarias y fija un límite de 75 años para la permanencia de los jueces.

Qué cambia y por qué importa

El corazón político de la reforma está en la reelección. La propuesta toma como base un sistema que permite dos mandatos, consecutivos o alternados, y computa el período iniciado en 2023 como el primero a los fines del nuevo esquema. En términos prácticos, Poggi quedaría habilitado para intentar una reelección en 2027, mientras que la provincia cerraría la puerta a prolongaciones indefinidas en el Ejecutivo local.

El debate sobre la unificación de los mandatos legislativos también tiene consecuencias concretas. Los diputados y senadores elegidos en 2023, que bajo el esquema actual debían terminar en 2029, estirarían sus bancas hasta 2031 para empalmar con el nuevo sistema. Ese punto generó críticas en la oposición, que lo considera una autoextensión de mandatos, aunque los constitucionalistas que siguen el caso aclaran que este tipo de transición suele formar parte de las reformas provinciales cuando cambian las reglas electorales.

La discusión también agrega un capítulo poco habitual: la inteligencia artificial. A pedido del obispado de San Luis, el texto incorpora principios sobre identidad digital, uso ético de tecnologías, protección de la dignidad humana, resguardo de datos frente a algoritmos y acceso universal a la conectividad. En paralelo, le da jerarquía constitucional al agua como derecho humano y recurso estratégico, y crea un organismo específico para su gestión.

Un cambio con peso nacional

Más allá del caso puntano, la reforma vuelve a poner sobre la mesa un problema que atraviesa a varias provincias: cómo se regula la continuidad en el poder y dónde se coloca el límite entre la legitimidad electoral y la alternancia republicana. En San Luis, el debate vuelve a discutir un modelo de poder que durante décadas funcionó con una alta concentración política y que ahora intenta reordenarse con reglas más rígidas.

Si Diputados aprueba la declaración de necesidad, la provincia entrará en una etapa constituyente con impacto de largo plazo. Si la rechaza, el oficialismo quedará con una reforma parcialmente desactivada y con una señal política difícil de ignorar en un año en el que los gobernadores miran cada vez más de cerca su propia continuidad.