Denuncian a Lisandro Catalán y a un diputado libertario por un presunto domicilio falso en Tucumán

La interna libertaria en Tucumán sumó un capítulo judicial que puede complicar el armado electoral para 2027. Un concejal de Yerba Buena presentó una denuncia ante la Justicia Federal con competencia electoral para que se investigue a Lisandro Catalán y al diputado Federico Pelli por el presunto falseamiento de domicilios con fines electorales.

La presentación sostiene que ambos habrían consignado direcciones que no coincidirían con sus residencias reales. En el caso de Pelli, el planteo apunta a que los cambios de domicilio habrían ocurrido en un período muy corto y con la mira puesta en una eventual candidatura local. En el caso de Catalán, la acusación también pone bajo sospecha el domicilio declarado en San Miguel de Tucumán.

El eje del planteo no es sólo administrativo. La denuncia busca probar que la supuesta maniobra habría tenido como objetivo construir una apariencia de arraigo territorial para competir en el distrito, algo que en Tucumán tiene peso político y legal por los requisitos de residencia exigidos para distintas candidaturas. También se pidió que se investigue si existió intervención indebida de organismos del Estado en los trámites cuestionados.

Catalán y Pelli rechazaron las acusaciones y sostienen que se trata de una operación política montada por sectores que disputan poder dentro del universo opositor no peronista de la provincia. En ese tablero aparece la figura de Mariano Campero, uno de los dirigentes que viene compitiendo por el control de ese espacio y que quedó cruzado con los libertarios locales.

El episodio agrega tensión a una construcción política que busca ganar volumen en Tucumán, pero que por ahora muestra más fisuras que orden. La disputa no es menor: la provincia es uno de los distritos donde La Libertad Avanza intenta consolidar un armado propio con proyección territorial, mientras ordena sus alianzas y define qué figuras quedarán mejor posicionadas para pelear por cargos ejecutivos y legislativos.

Por eso la denuncia no debe leerse sólo como un expediente electoral. También funciona como una señal de la pelea interna que atraviesa al espacio y que puede dejar huella en la estrategia oficialista para la provincia. Si la causa avanza, la discusión sobre domicilios, residencia y elegibilidad podría convertirse en un problema político más amplio que una simple pulseada local.