Denuncian a Lisandro Catalán y a un diputado libertario por domicilio falso en Tucumán

La interna libertaria en Tucumán se tensó todavía más con una denuncia electoral que golpea de lleno a Lisandro Catalán, exministro del Interior y titular de La Libertad Avanza en la provincia. El planteo sostiene que él y el diputado Federico Pelli habrían declarado domicilios que no coinciden con su residencia real para construir condiciones de competencia de cara a 2027.

La presentación fue impulsada por Mauricio Argiró, concejal de Yerba Buena y dirigente cercano a Mariano Campero, otro actor clave en la pelea por la oposición no peronista tucumana. El expediente quedó radicado en la fiscalía federal con competencia electoral y abrió una nueva pelea entre sectores que, en teoría, comparten espacio político pero hace tiempo se disputan liderazgo, territorio y candidaturas.

El caso no se limita a un cruce personal. En Tucumán, donde el domicilio electoral es un requisito decisivo para competir en municipios y para ordenarse dentro del mapa provincial, la discusión expone algo más grande: el armado libertario todavía no logró cerrar una conducción estable y cada movimiento territorial se lee como una señal de poder o de fragilidad.

La disputa de fondo

• Argiró acusa a Catalán y a Pelli de falsear domicilios con fines electorales.
• El entorno de Catalán rechaza la denuncia y habla de una maniobra política.
• Campero y Catalán mantienen una relación rota dentro de la oposición tucumana.
• El conflicto impacta en la discusión de candidaturas para la elección provincial de 2027.

Según la presentación, Catalán habría registrado un domicilio en San Miguel de Tucumán que funcionaría como sede partidaria, mientras que su residencia efectiva estaría en Buenos Aires. En el caso de Pelli, el escrito apunta a cambios de domicilio realizados en pocos días y a un destino final que no sería una vivienda sino una galería comercial. Todo eso deberá ser contrastado por la Justicia, pero la denuncia ya dejó instalado el tema en la escena pública.

Catalán y Pelli negaron las acusaciones y presentaron el caso como una operación para desgastar al armado libertario. El problema es que la tensión no apareció de la nada: viene de una pelea más larga entre Campero, los libertarios tucumanos y el oficialismo provincial de Osvaldo Jaldo. En ese tablero, cada denuncia se conecta con una disputa mayor por el voto opositor y por quién controla la oferta no peronista en la provincia.

El tema también importa porque Tucumán es una de las provincias donde la construcción política todavía depende mucho de la presencia territorial real. No alcanza con una marca nacional ni con una foto de alineamiento con la Casa Rosada: para competir en serio hay que ordenar el esquema local, fijar domicilios, cerrar listas y dejar menos margen a las sospechas. Cuando eso falla, la discusión jurídica se mezcla con la interna partidaria y el costo político se multiplica.

La novedad llega, además, en un momento sensible para el oficialismo nacional, que intenta cuidar vínculos con gobernadores y bloques provinciales mientras arma acuerdos para las próximas votaciones. En Tucumán, esa estrategia se cruza con una interna que ya no disimula su nivel de ruptura. La denuncia contra Catalán y Pelli no sólo abre una causa electoral; también confirma que la pulseada por el liderazgo libertario en la provincia está lejos de cerrarse.