Gobernadores, Iglesia y presión federal: cómo se cayó el capítulo más resistido de la Ley de Tierras

La caída del capítulo sobre la Ley de Tierras no fue un accidente legislativo ni una simple corrección técnica de último momento. Fue el resultado de una presión política que cruzó gobernadores, senadores provinciales, bloques opositores, organizaciones sociales, sectores de la Iglesia y una convocatoria callejera que empezaba a crecer alrededor del Congreso. La Libertad Avanza llegó a las vísperas de la sesión del Senado sin poder garantizar la mayoría para reformar la Ley 26.737 y terminó aceptando retirar el tramo más sensible del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El dato más importante es federal: varios votos que el oficialismo necesitaba empezaron a moverse cuando los gobernadores pusieron el cuerpo. Osvaldo Jaldo, desde Tucumán, afirmó que había conversado con Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, las dos senadoras de su provincia, y que ambas estaban decididas a no acompañar la iniciativa. Su argumento fue directo: “La gente puede venir a invertir”, pero no a apropiarse de las tierras argentinas. Esa distinción golpeó el corazón del relato oficial, que buscaba presentar la flexibilización como un gesto proinversión y no como un debate sobre soberanía territorial.

Desde Neuquén, Rolando Figueroa también rechazó cualquier avance sobre la extranjerización. El gobernador sostuvo que su provincia no acompañaría la entrega de tierras y vinculó la discusión con el desarrollo productivo local. El mensaje fue replicado por la senadora Julieta Corroza, una banca que el oficialismo miraba con expectativa dentro de su conteo. En Misiones, Carlos Arce confirmó su voto negativo contra todo el capítulo III, mientras Hugo Passalacqua publicó una definición política con alto impacto simbólico: “Misiones siempre va a defender su territorio y el derecho de las provincias a proteger sus recursos estratégicos”. La frase venía acompañada de una gorra con la inscripción “Lo que amamos no se vende”.

Con esos movimientos, el poroteo cambió de signo. La Libertad Avanza necesitaba 37 votos para imponerse en el Senado. Según las reconstrucciones parlamentarias, después de la conferencia de prensa de Patricia Bullrich el oficialismo decía estar cerca de 35 o 36 voluntades, pero nunca logró cerrar el número. Cuando los mandatarios provinciales y senadores dialoguistas empezaron a expresar rechazos públicos, el cálculo se volvió inviable. La presión no vino solamente de Unión por la Patria: también apareció en provincias gobernadas por espacios que en otros debates habían funcionado como aliados o interlocutores del Gobierno.

El capítulo que cayó era el tercero del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ese tramo modificaba la Ley 26.737, sancionada en 2011 para establecer límites a la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros. La ley vigente fija un techo del 15% para la titularidad extranjera a escala nacional, provincial y local, agrega límites por nacionalidad y contiene resguardos sobre zonas sensibles. Los críticos del proyecto advertían que flexibilizar esos controles abría una puerta peligrosa sobre agua, frontera, minerales, áreas productivas y territorios con valor estratégico.

El oficialismo intentó corregir el texto para evitar la derrota. En una versión previa, la reforma eliminaba buena parte de las restricciones al capital extranjero privado y trasladaba a las provincias mayor margen de decisión. Luego, ante el rechazo de senadores y gobernadores, Bullrich explicó una modificación que elevaba el tope al 25% por provincia. La propuesta buscaba salir del cuestionamiento de “cero límites”, pero tampoco alcanzó. Para varios actores provinciales, subir el techo desde el 15% vigente a un 25% seguía siendo un retroceso, no una garantía.

La oposición parlamentaria venía marcando ese punto desde hacía semanas. José Mayans, jefe del bloque peronista en el Senado, había definido el proyecto como una norma que “vende el país”. Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, alertó que la reforma podía comprometer recursos naturales y estratégicos, en especial tierras vinculadas al agua dulce, zonas de frontera y áreas donde se combinan minerales críticos, energía e infraestructura. Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, vinculó la discusión con Malvinas y sostuvo que no se podía reivindicar soberanía en las islas mientras se habilitaba la extranjerización del territorio continental.

Fuera del Congreso, la Iglesia también jugó un papel relevante en el clima de discusión. La Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Pastoral Aborigen y Cáritas difundieron una carta abierta a legisladores con una frase que condensó su postura: “La tierra no es una mercancía”. El texto advirtió que el proyecto podía afectar la soberanía sobre tierra, alimentos y bienes comunes, además de debilitar la capacidad estatal para gestionar el territorio con criterios de bien común. También vinculó el debate con comunidades rurales, campesinas e indígenas y con el acceso a la vivienda.

Los informes técnicos aportaron otra capa. El CELS sostuvo que el proyecto limitaba el acceso a tierra y vivienda, agravaba la inseguridad jurídica de barrios populares, comunidades indígenas y familias campesinas, y reducía la capacidad estatal para planificar políticas de ambiente e infraestructura. El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, en un documento de julio, afirmó que la iniciativa desmantelaba el régimen nacional que limita la extranjerización, reducía controles y colocaba la propiedad privada por encima de la soberanía, los derechos colectivos y el interés nacional. Ambos documentos coincidieron en una lectura: no se trataba sólo de compra de campos, sino de una redefinición de la relación entre Estado, territorio y propiedad.

El Gobierno defendía otra interpretación. Federico Sturzenegger había expuesto ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado para sostener que la protección fuerte de la propiedad privada era una condición para atraer inversión y desarrollo. Para el oficialismo, la Ley de Tierras vigente introduce restricciones excesivas y discrecionales. Patricia Bullrich, desde la jefatura del bloque libertario en la Cámara alta, intentó convertir ese diagnóstico en una mayoría legislativa. El resultado mostró que el argumento económico no alcanzó para ordenar a los aliados cuando el debate tocó soberanía territorial.

El factor social también pesó. Para este jueves estaba convocada una movilización frente al Congreso contra la reforma. Distintos sectores políticos, organizaciones sociales y figuras públicas llamaron a concentrar en la plaza. Aunque la votación todavía no había ocurrido, la sola perspectiva de una protesta masiva aumentó el costo político de levantar la mano a favor del capítulo. En un Senado dividido, con bloques provinciales atentos a sus territorios, ese costo terminó siendo demasiado alto.

La retirada acordada por Bullrich y los aliados no cierra la discusión. Según la reconstrucción parlamentaria, los jefes de bloque se comprometieron a tratar el tema por separado más adelante, probablemente con una redacción que habilite a las provincias a definir marcos propios. Ese camino podría reabrir el debate bajo otro formato. Pero el episodio deja una enseñanza inmediata para el Gobierno: cuando la reforma toca tierra, agua y frontera, la mayoría parlamentaria no se ordena sólo con disciplina partidaria ni con promesas de inversión.

Por ahora, la Ley 26.737 queda intacta en su punto más visible: el límite del 15% para la extranjerización de tierras rurales sigue vigente. La sesión del Senado continuará con los otros capítulos de la ley de propiedad privada, pero el oficialismo perdió la batalla que más ruido generaba. La tierra quedó fuera del paquete, no por convicción del Gobierno, sino porque el mapa federal le cerró la puerta.

Fuentes consultadas: Parlamentario, Perfil, Senado de la Nación, Ley 26.737, documentos del CELS, informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y pronunciamientos públicos de gobernadores y legisladores citados.