Esmerilar los derechos y desprestigiar las demandas populares

No hace muchos días se han escuchado dos discursos muy reveladores del desarrollo de una estrategia orientada a incidir en la subjetividad de la ciudadanía con el propósito de instaurar un sentido común que naturalice la desigualdad y la pobreza: el que dirigió el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, en la Universidad de Chile (donde disertó sobre “Derecho, justicia y populismo”) y el del expresidente Mauricio Macri en Brasil, en la Conferencia Internacional de la Libertad, ante una audiencia de corte ultraliberal.

Casi de inmediato se sucedieron acontecimientos no poco importantes como fue la celebración de los 100 años de YPF en Tecnópolis, con la presencia conjunta del presidente y la vicepresidenta (tan esperada por la fuerza propia, anhelante de un reencauzamiento del gobierno, como por la oposición, expectante ante lo que imaginaba iba a ser un espectáculo de fotografía conjunta con desprecio mutuo) y la abrupta caída del ministro Matias Kulfas.

Pronto llegaron las versiones de corrupción en la contrucción del gasoducto Néstor Kirchner, que terminaron desvanecidas ante el juez. Se sumó el gesto entre sincero y procaz de Federico Braun acerca de la remarcación de precios que lleva a cabo su cadena de supermercados. Javier Milei hizo alusión a nuevas libertades como la compraventa de órganos y la portación de armas, y Soledad Acuña anunció la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en los establecimientos educativos de la CABA. Y la historia sigue…
 

Mensajes sincronizados

Como suele ocurrir en la vorágine política, los discursos de un miembro de la Corte y de un expresidente pasaron a segundo plano, pero conviene prestar atención a esta emisión sincronizada entre Macri y Rosenkrantz (a quien aquél había nombrado inicialmente por decreto).

El vicepresidente de la Corte planteó que existe un punto de vista prevaleciente –que es menester desterrar— que consiste en pensar que donde hay una necesidad hay un derecho (quien lo dijo fue nada menos que Eva Perón y forma parte del imaginario histórico y actual de grandes mayorías). Recordó que los recursos son escasos y que las proclamas populistas son “insensibles” al costo fiscal. A su vez, Macri llamó a luchar contra el populismo en forma global, y señaló que es un fenómeno que se originó en Latinoamérica y tal vez en Argentina con el líder radical Hipólito Irigoyen (es decir, que ya no se trata de erradicar las políticas de los últimos 70 años sino que iríamos a más allá de los 100). Agregó que es muy contagioso y que se expandió al resto del mundo.

¿Algo así como un virus? Efectivamente, ya en los comienzos de la pandemia del Covid – 19, en un encuentro en Guatemala (V Encuentro Ciudadano, organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo) había dicho que algo mucho más peligroso que el virus es el populismo, reiterando que las sociedades que progresan son las meritocráticas, con una grosera ejemplificación dirigida a generar equívocos, al decir que no pueden tener el mismo derecho los delincuentes que las víctimas. Y no se debería olvidar su preocupación acerca de que en democracia cuesta mucho más tiempo cambiar las cosas (¿más tiempo que en qué?).

En cuanto a la mentada escasez de recursos, ¿alguien ignora que los recursos no son infinitos? Sobre la base de ese concepto nació la ciencia económica. Pero el problema acuciante en la actualidad, cuando la economía y las finanzas no están al servicio de las personas sino lo contrario, es la concentración de la riqueza en pocas manos y el despojo al que es sometida la enorme mayoría de la población mundial y la naturaleza.

Según el “Informe sobre la Desigualdad Mundial 2022” elaborado por un grupo de trabajo dirigido por Thomas Piketty entre otros, el 10% más rico de la población posee el 76% de la riqueza mundial mientras que la mitad más pobre de la población tiene apenas el 2% de la riqueza. Entonces, es muy diferente que la racionalidad que se reclama en el uso de los recursos esté al servicio de toda la población a que esté a disposición de unos pocos. Los problemas de escasez son creados por la forma en que se acumula el capital en la etapa de financiarización, puesto que si el eje fuera la producción y la inclusión, se podría contar con los recursos necesarios para brindar bienestar al conjunto de la población
 

Vigencia institucional de los derechos

Los derechos se instalan progresivamente como una meta, un compromiso y una obligación de la sociedad, que los asume para construir un país digno, libre, igualitario y justo. Entre ellos podemos mencionar los derechos a un nivel de vida adecuado, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda digna, al agua y saneamiento, a la educación, a la salud, a la libertad sindical, a la seguridad social y a la protección familiar, tal como son enumerados en el documento del Ministerio Público Fiscal “Los derechos económicos, sociales y culturales” (donde se exponen los dictámenes ante la Corte Suprema de Justicia entre 2012 y 2017). Los derechos son indivisibles, interrelacionados e interdependientes, y esto incluye no sólo a los derechos económicos, sociales y culturales sino también a los derechos civiles y políticos.

En nuestro país, la Constitución Nacional consagra varios de estos derechos y además los contemplan diversos instrumentos de jerarquía constitucional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta vigencia normativa de los derechos, a nivel de la Constitución y las leyes, en nuestro país, en la región latinoamericana y en otros lugares del mundo, obliga a los Estados a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los mismos.

No es casual que en los organismos internacionales hoy se hable de “perspectiva de derechos” cuando se hace referencia al diseño y evaluación de políticas públicas. La Cumbre de Alto Nivel de la ONU (2015) marcó un hito, cuando los Estados miembros aprobaron el documento “Transformar nuestro mundo: La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. El mismo permite contar con un nuevo marco de trabajo en las dimensiones económica, social y medio ambiental. La Asamblea General de las Naciones Unidas sancionó la puesta en marcha de dicha Agenda reafirmando el compromiso esencial de acabar con la pobreza y las privaciones en el mundo, advirtiendo que si este logro no se alcanza no puede haber desarrollo sostenible posible.

Del mismo modo, en lo que se refiere a la estructuración y orientación de las administraciones públicas, y especialmente en lo concerniente a la evaluación de las políticas públicas, hace tiempo que se viene hablando de la perspectiva de derechos. En las décadas de 1980 y 1990 (y principalmente en esta última) se consideró necesario avanzar en la identificación de los resultados de las políticas públicas (todo un avance en materia de evaluación más allá del contexto neoliberal, puesto que implicaba superar el enfoque de la administración pública centrada en los procesos). Pero en este siglo se instaló ampliamente la concepción de la evaluación desde la perspectiva de derechos, que da cuenta no sólo de resultados sino del grado de efectivización de derechos que están cristalizados en nuestras constituciones y nuestras leyes, o los que de modo progresivo emergen a través de las demandas y de la movilización y resultan reconocidos por las mayorías como válidos.

Hay un trecho muy amplio entre comprobar si se logró lo que se proponía hacer en la planificación de políticas y programas públicos o conocer, más allá del mero criterio técnico, si los derechos declamados se hacen realidad. La evaluación desde esta perspectiva indaga acerca de lo que nos falta para alcanzar una plena efectivización de derechos.
 

Los derechos y la casa común

No han sido para nada inadvertidos los mensajes del Papa Francisco, quien en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium hace una firme denuncia del capitalismo financiarizado. En dicho documento señala:
 
“Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De allí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común” (EG 56).

En la Encíclica Laudato si recuerda que no hay en la tierra nada que pueda estar por encima del cuidado del hombre, en función de lo cual propone una ecología integral para el cuidado de la “casa común”, que esté al servicio de la dignidad del ser humano. Esto implica abordar no sólo los aspectos ambientales sino también los económicos, sociales y culturales. A su vez ha señalado, ante los movimientos populares, que “una economía justa debe crear las condiciones para que cada persona pueda gozar de una infancia sin carencias, desarrollar sus talentos durante la juventud, trabajar con plenos derechos durante los años de actividad y acceder a una digna jubilación en la ancianidad” (II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2015). Allí ha planteado además el inalienable derecho a la tierra, el techo y el trabajo.

Es increíble pensar que el Papa no relacione la escasez de recursos con el tema de la concentración escandalosa de la riqueza: tal vez por eso, sin concesiones ni ambigüedades, ha argumentado que el destino universal de los bienes no es un adorno discursivo y que la justa distribución de los frutos de la tierra y el trabajo no es mera filantropía: es un deber moral y para los cristianos, un mandamiento.
 

Cómo estigmatizar a los movimientos nacionales, populares y democráticos

Además de pensar que, por un imperativo de justicia, donde hay necesidades y carencias es menester darles solución (es decir, poner en práctica un derecho) se podría agregar que donde hay un derecho hubo o hay una demanda popular que adquirió formas acumulativas de construcción de poder: movilización y voz de sujetos por la visibilización y la escucha, reclamos reiterados y crecientes por la satisfacción de sus necesidades, organización para defender los reclamos, transformación de estos reclamos en bandera política, y reconocimiento de su actoría y de sus derechos por el conjunto o la mayoría de la sociedad. Cabe aclarar que no toda política o sus innovaciones surgen de abajo hacia arriba, sino que también existen obviamente iniciativas que provienen de la cúspide gubernamental, pero adquieren fuerza en la medida en que existen los pasos o componentes de acción popular señalados antes. Así fue como en América Latina y en todo el mundo emergieron y tomaron forma movilizaciones y organizaciones políticas que representan intereses de los sectores subalternos o emergentes de las sociedades, trabajadores y desocupados, actores de la economía popular, sectores medios y profesionales, pueblos originarios, personas con discapacidad, movimientos de diversidad de género, organizaciones por el cuidado del ambiente, etc.

Varios movimientos de carácter nacional, popular y democrático surgieron de estas demandas y generaron el continente político que ha dado identidad a amplios sectores de la población desde hace décadas. Peyorativamente se los llamó “populismos”. El término no es de mi agrado porque además de tener una connotación negativa es ambiguo, pero resulta curioso ver cómo hace la derecha uso de él, siendo que inicialmente surgió en los sectores de la izquierda tradicional, por considerar que la propuesta de tipo policlasista de estos movimientos generaba adormecimiento en las masas. Para colmo, se utiliza la misma palabra, de manera imprecisa, para los movimientos de carácter racista, discriminadores o nacionalistas xenófobos.

Con el tiempo, el parecer de las izquierdas en general se fue modificando (varias se acercaron a estos movimientos o se incorporaron a ellos), mientras que el término populismo fue ampliamente adoptado por la derecha, identificando a los movimientos populares con turbulencia, gasto desmedido, despilfarro, abusos plebeyos, corrupción y autoritarismo. En sus manos quedó la crítica acérrima de algo que se describe como “poco serio”, adoptada desde una perspectiva de democracia de minorías y de desprecio por el voto. A tal punto que se contempla que, si no se logra impedir que las fuerzas políticas populares ganen las elecciones (prédica descalificadora mediante), los gobiernos que surjan de éstas deben ser neutralizados y obstruido su funcionamiento con el “bombardeo” de los medios hegemónicos y de las fake news, el accionar de un poder judicial adicto, las maniobras de mercado y las corridas financieras (nuevas formas que reemplazan los bombardeos y acciones violentas que antes llevaban a cabo los golpes militares y sus respectivas dictaduras).  
 

Investigaciones que hacen mella
Muchas de las ideas proclives a la discriminación de los sectores populares, al recorte de sus derechos y a la naturalización de su condición como un problema cuya responsabilidad está en ellos mismos (o en el mejor de los casos, como una desgracia que tal vez se pueda mitigar pero no resolver) no siempre se enuncian en voz alta, pero no cabe duda que crece el sinceramiento público y que lo que se busca es instalarlas e incorporarlas en el sentido común de la sociedad. Y no faltan autores que desde hace años se animan a jugar fuerte, hablando y escribiendo abiertamente en este sentido con forma de investigación científica.

Sólo a modo de ejemplo podemos recordar los trabajos Charles Murray en materia de análisis de políticas públicas. El politólogo investigó la política social norteamericana entre 1950 y 1980 (período en el cual se incluye la llamada “guerra contra la pobreza”, llevada adelante por los gobiernos demócratas a los cuales no se podría identificar como “populismos” precisamente) y planteó en una publicación (Losing Ground: American Social Policy, 1950 – 1980) que los resultados de los programas eran negativos, dañaban a quienes no eran destinatarios de los mismos e incluso a aquéllos a quienes eran dirigidos (por ende, debían eliminarse).

En la misma línea fue más lejos y llegó a “demostrar” (no ahorra el uso de datos, como es de esperar en una investigación con enfoque positivista empírico) junto con Richard J. Herrnstein, en otro texto titulado The Bell Curve (hace referencia a una campana de Gauss) que la inteligencia de las personas es mejor predictor de los resultados de los individuos (en logros socioeconómicos, laborales y también en sus comportamientos) que otros factores tales como el nivel socioeconómico o educativo del hogar de donde provienen.

Desde esta perspectiva no cabe perder tiempo con políticas que tiendan a brindar “igualdad de posiciones” sociales (achicar la brecha a fin de que toda la población tenga, desde su nacimiento, condiciones adecuadas para un desarrollo pleno, tal como plantea el Papa Francisco) y es conveniente concentrarse en promover “igualdad de oportunidades” para que cada uno pueda aprovecharlas según su coeficiente intelectual, que por otra parte, incide más en la conformación de la estructura social de un país que los otros factores. Esta posición, acusada de “darwinismo social” por varios detractores o de “racismo científico” (los autores no se privan de relacionar razas con coeficiente intelectual) tiene no pocos seguidores en su sociedad de origen, lo cual nos habla de que existen argumentaciones y recursos pseudoacadémicos que estarán detrás de los discursos y de las redes o memes discrimitarorios que ya hace rato existen en nuestro medio.
 

Ágora extensa

Para finalizar: Dos mensajes emitidos de modo sincronizado por actores cruciales de la política argentina, aportes cotidianos de los medios de comunicación, fuerte martilleo a través de las redes, asomo de argumentos con revestimiento académico, van dando lugar a la conformación de nuevas representaciones en la sociedad donde la solidaridad y el imperativo de la distribución de la riqueza son reemplazados por el “realismo” y por la naturalización de la desigualdad y la pobreza. La apelación a los recursos escasos, nada menos que en una época donde la escasez duele tanto (para amplias capas de la población y no sólo para los más desfavorecidos) hace más tentador el argumento de que hay cosas que siempre fueron así y que no se pueden cambiar, es decir, que cada uno se debe ocupar de lo suyo y que su condición mejorará exclusivamente según su mérito. La identificación de los movimientos populares con la posición facilista que habría malacostumbrado a las masas y que hipoteca el futuro, y la apelación a una construcción política que los erradique, coronan los mensajes orientados a esmerilar los derechos y desprestigiar las demandas populares.

Cabe pensar e insistir en la construcción de un ágora extensa. La deliberación colectiva, no sólo la de los recintos reducidos de debate político, parlamentario, de militancia intensa, de grupos de estudio o redes que conectan a “los que piensan igual”, sino aquélla que tiene un fuerte potencial en los lugares cotidianos del trabajo, del estudio, de la recreación, de la cola del colectivo o la caja del supermercado, es la práctica comunitaria que construye el sentido común que actualiza y fortalece los derechos. Una democracia profunda también se construye con argumentación fundada y convincente, con paciencia y perseverancia.